POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, comenzó la audiencia en la que resolverá si 16 personas sindicadas en el Caso Caja de Pandora son ligadas a proceso penal por delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y tráfico de influencias, entre otros.
Según la investigación del Ministerio Público (MP), entre 2011 y 2013 existió una organización criminal que operaba en el Sistema Penitenciario (SP) y que era liderada por el exministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, y el reo Byron Lima Oliva, asesinado en julio de 2016.
Dicha organización tenía como finalidad lucrar con el traslado de reos a distintas prisiones. De tal cuenta, en 2011, mientras López Bonilla era jefe de campaña del Partido Patriota, acordó con Lima conferirle poder para negociar con privados de libertad su reubicación en otros centros carcelarios, según imputó la Fiscalía durante la audiencia de primera declaración.
Hasta el cierre de esta edición, la jueza Erika Aifán aún no había resuelto si los sindicados serían ligados a proceso penal.
