POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El exembajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría Carballido, quien tiene orden de captura por los delitos de financiamiento electoral ilícito y lavado dinero, presentó un amparo en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal con el cual busca detener la solicitud de extradición que se tramita en su contra. Su abogado asegura que se ha violado su derecho de defensa.
Arturo Miranda, abogado defensor de Ligorría, explicó que, en un inicio, el Ministerio Público (MP) presentó la solicitud de extradición contra su cliente por financiamiento electoral ilícito. Sin embargo, ésta fue denegada por la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, debido a que los delitos “con nexos políticos no son sujeto de extradición”, dijo el defensor.
En virtud de lo anterior, el abogado expresó que el MP pidió al Juzgado que Ligorría también fuera extraditado por el delito de lavado de dinero u otros activos, lo cual fue aceptado por la jueza Aifán el 17 de octubre.
No obstante, Miranda dijo que tanto el MP como la jueza Aifán violentaron el derecho de defensa de su cliente debido a que en ningún momento se le hizo entrega a la defensa de los medios de prueba que sustentaban la solicitud de extradición por lavado.
Por esta razón, la defensa no tuvo oportunidad de manifestarse en torno a la orden de detención por este nuevo delito, dijo el abogado.
“Según el artículo 8, inciso 2, literal C de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una de las garantías judiciales es que la defensa tiene que tener acceso a todos los elementos necesarios para entablar una debida defensa y se le vulnera su derecho de defensa –a Ligorría– porque a la defensa en Guatemala no le dan audiencia sobre la petición de la extradición para que nosotros podamos incorporar una oposición”, indicó Miranda.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), informó hasta el cierre de esta edición que el MP aún no había sido notificado del amparo interpuesto.
CASO
El caso contra Ligorría se remonta a dos resoluciones del Ministerio de Comunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante las cuales Telgua debía pagar a Tigo la cantidad de 400 millones de dólares.
Con el fin de evitar dicho pago, en 2011 Telgua contrató a Ligorría, quien propuso a la empresa un “acercamiento” con los líderes del Partido Patriota (PP), quienes serían los próximos gobernantes.
El exdiplomático propuso que la empresa aportara al PP Q15 millones para la campaña, los cuales fueron entregados a empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi por servicios no prestados y, además, tampoco se reportaron al TSE.
NEGOCIACIÓN
La defensa de Ligorría informó que pidió a la Fiscalía una videoconferencia para llegar a un acuerdo de las condiciones para entregarse a la justicia, sin embargo, no ha obtenido respuesta.
