POR KIMBERLY LÓPEZ
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El nombramiento de Carlos Soto como ministro de Salud aún está en entredicho, porque según la Ley de Probidad, debería contar con finiquito de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para asumir el cargo de ministro. Para disipar esa duda legal, la CGC recomendó al presidente Jimmy Morales hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC), pero el mandatario no la ha hecho.
La Presidencia no ha enviado ninguna consulta a la Corte de Constitucionalidad, a pesar que la CGC recomendó consultar de qué forma se debía aplicar la normativa ordinaria y constitucional en el nombramiento de Carlos Soto.
Soto fue ascendido del cargo de director del Hospital Roosevelt a ministro de Salud, procedimiento que según la Presidencia es legal, aunque nunca se había realizado en otros nombramientos para un cargo de ese tipo.
A partir de que Soto asumió de esa forma a su actual cargo, la CGC cuestionó el hecho de que no contara con la solvencia emitida por la entidad contralora y que respalda la legalidad del funcionario para ocupar ciertos cargos.
En vista de ello, realizaron un análisis jurídico de la situación y concluyeron que la mejor forma de disipar las dudas era mediante una consulta a la CC, para que sea el máximo órgano constitucional el que responda si fue correcto o no que la Presidencia utilizara este procedimiento y esquivara el requisito del finiquito.
Según el vocero presidencial Heinz Hiemann, de parte del Organismo Ejecutivo no han enviado ninguna petición porque es una consulta que debe hacer la CGC.
Sin embargo, el contralor Carlos Mencos aseguró que desde hace varios días envió una nota al presidente Jimmy Morales para que fuera él quien haga la consulta, debido a que está en sus competencias.
Según Mencos, la CGC no tiene la facultad de hacer una consulta a la CC. Los únicos que tienen Facultad de hacer consultas a la CC son los tres organismos de Estado.
Una vez enviada la nota el asunto ya no es responsabilidad de la Contraloría, dijo Mencos.
En tanto, la legalidad de que Soto ocupe el cargo sigue en duda. Sin embargo, ahora corresponde al Ejecutivo tomar acciones para esclarecer esta situación y asegurarse de no haber incurrido en una ilegalidad.
