Por Douglas Cuevas
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La Sala Tercera Penal que fue seleccionada por la Cámara de Amparos y Antejuicios para conocer la denuncia contra el alcalde capitalino Álvaro Arzú, ha mostrado simpatía por aquellos que tienen problemas con la ley, entre ellos la magistrada Blanca Stalling, la familia del presidente Jimmy Morales e incluso el propio Arzú, según los antecedentes de la judicatura.
Un mes después de haber tomado posesión en el 2014, la Sala Tercera Penal, encabezada por Jaime Amílcar Gonzáles Dávila y las vocales Beyla Estrada y Zonia de la Paz Santizo, decidió anular la prisión para uno de los personajes clave que demostraba la aparente ilegalidad en el nombramiento de los operadores judiciales.
Se trata del abogado Vernon González Portillo, quien según la tesis del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue el enlace entre el expresidente del Congreso, Gudy Rivera (condenado a 13 años de prisión), y la entonces magistrada Civil Claudia Escobar, en un intento del congresista de obtener una resolución favorable a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. (VER RECUADRO: ELECCIÓN NEFASTA).
La funcionaria de justicia decidió poner una denuncia para dejar sobre la mesa las sospechas que hoy en día pesan sobre la honorabilidad y legalidad de los magistrados de la CSJ y Cortes de Apelaciones (CA). González obtuvo una medida sustitutiva de arresto domiciliar, tras el depósito de una caución económica de Q100 mil.
FAMILIARES DE MORALES
La Sala también conoció aspectos de la primera etapa del Caso Botín Registro de la Propiedad, y en febrero pasado emitió la libertad provisional para el hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales, José Manuel y Samuel Everardo, ambos de apellido Morales.
El motivo de los magistrados para dejar sin efecto la prisión preventiva fue que era “incongruente” que pudieran interferir con la investigación, ya que ellos se pusieron a disposición de las autoridades. También se les fijó una caución de Q100 mil.
FAVORECIÓ A STALLING
Quien también recibió el respaldo de la Sala fue la magistrada Blanca Stalling, a quien en marzo pasado decidieron anular la prisión preventiva dictada en su contra por encontrarse sujeta a un proceso penal por presuntamente presionar a uno de los jueces que estaba juzgando a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, acusado en los casos de corrupción del Seguro Social, conocido como IGSS-Pisa.
La orden fue anulada por un amparo que la CSJ otorgó al MP, dejando sin efecto la libertad que la Sala decidió para Stalling, quien al momento de su captura fue localizada con una peluca y un atuendo deportivo que presuntamente utilizó para pasar inadvertida, según las autoridades.
YA CONOCIÓ UN CASO CONTRA ARZÚ
Un caso que podría ir de la mano con el reciente antejuicio que les fue asignado, fue un amparo que brindaron al alcalde capitalino Álvaro Arzú, quien incumplió con una serie de citas judiciales a la torre de tribunales, por un primer antejuicio por instigación a la violencia. La Sala consideró que no era necesario que el jefe edil se presentara personalmente a una audiencia con la jueza pesquisidora en ese proceso.
Luego de una serie de acciones y memoriales Arzú se vio obligado a ir a tribunales, pero ya había sido amparado por la Sala que ahora tiene como designación decidir si le revoca o no la inmunidad.
ESCOBAR: ELECCIÓN NEFASTA
Las actuales CSJ y CA tuvieron una toma de posesión retardada por una acción de amparo que generó la denuncia de la entonces Magistrada Civil, Claudia Escobar.
Ella denunció presiones del expresidente del Congreso, Gudy Rivera, para que votara en una resolución a favor de la vicemandataria Roxana Baldetti, lo cual le aseguraba a Escobar un puesto en el próximo período judicial.
La Corte de Constitucionalidad (CC) no otorgó el amparo en definitiva y ordenó la toma de posesión de las que hoy en día se mantienen como autoridades de la CSJ y CA. Escobar decidió no ocupar la magistratura que le fue concedida desde el Congreso y se apartó del ámbito judicial.
Actualmente reside en el extranjero, pero aclara que la forma en cómo son electos los operadores de justicia impide un libre ejercicio del Poder Judicial.
“Yo lo que veo es que la elección es política y eso quedó claramente evidenciado en el pasado proceso de elección de Cortes y al menos el 75 por cierto de personas electas tiene vínculos con los otros organismos de Estado. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo”.
Escobar agregó que la forma de elección, desde el Congreso, “es nefasto. Esa es la principal debilidad de nuestro sistema jurídico, eso atenta directamente contra la independencia judicial, debilita el sistema el hecho que cada cinco años tengan que pasar con un sistema de reelección los magistrados, eso no les permiten estabilidad en el cargo ni se privilegia la meritocracia”, precisó.
JUEZA PESQUISIDORA
La jueza quinta penal, Judith Secaida, quien fue designada para ser la pesquisidora del antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú, ha anulado las órdenes de prisión preventiva contra varios implicados en casos de corrupción.
Según los antecedentes de la judicatura, la jueza Secaida brindó arresto domiciliar a tres personas involucradas en la investigación penal del Caso “Redes”, en la que presuntamente la Secretaría Privada de la Presidencia (del gobierno del Partido Patriota) traficaba influencias a cambio de beneficios.
Además brindó una medida sustitutiva, sin depósito de caución económica a Gustavo Martínez, exsecretario Presidencial y yerno de Otto Pérez Molina, al igual que a César Medina Farfán y Filadelfo Reyes.
En el mismo expediente, pero en otro momento, el colega de Secaida, José Luis Patán, involucrado en el mismo caso, fue citado para rendir audiencia de primera declaración y obtuvo una medida sustitutiva a pesar de que los fiscales del MP consideraban que el juez podría interferir con la investigación.
Otro exfuncionario patriota a quien dejó en libertad fue al exviceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, procesado en el mismo expediente.
OTROS PROCESOS
La judicatura quinta penal también envió a juicio a tres jóvenes y sentenció a una en procedimiento abreviado, involucrados en el atentado contra la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, a quien arrojaron harina durante la presentación de un informe de gobierno en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.
Su juzgado también tuvo parte del expediente conocido como de los violadores de la Roosevelt y recientemente se excusó de continuar conociendo la investigación penal contra el expresidente Jorge Serrano Elías, expediente que permaneció varios años en esa judicatura.
