Por Douglas Cuevas
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El intento del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al Comisionado Iván Velásquez fue solo el primer golpe que dieron sectores “pro impunidad” desde el Organismo Ejecutivo, seguidas de reformas legales en el Congreso a favor de criminales, del que sectores sociales temen se esté preparando un nuevo ataque desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lo que pondría en total “armonía” a los tres Organismos de Estado al incluir a la CSJ, a la hasta ahora dupla “pro impunidad” que lidera públicamente el Presidente y los diputados, que pondría la balanza a favor de la impunidad estratégicamente hablando.
Como lo establecen las leyes nacionales el 13 de octubre debe tomar posesión el nuevo presidente de la CSJ, quien será electo por un periodo anual al tener el respaldo de por lo menos nueve de los trece magistrados titulares, que de no llegar a acuerdos tomaría la presidencia de manera temporal el vocal primero de la misma Corte.
Pero el mandatario del OJ del 2017–2018 además de liderar el pleno judicial será el Presidente de la Comisión de Postulación para elegir al nuevo fiscal general. Elección que de llegar a ser manipulada podría contaminar desde adentro las investigaciones contra funcionarios y las acusaciones penales que mantienen detenidos a políticos por señalamientos de corrupción, sostiene la sociedad civil.
CSJ ES CRUCIAL PARA EL PRÓXIMO FISCAL GENERAL
Gabriel Wer representante del movimiento Justicia Ya considera que dentro de la Corte Suprema de Justicia hay magistrados que se han mostrado a favor de la lucha contra la impunidad, pero identifica a dos magistradas (Silvia Patricia Valdés y Vitalina Orellana) que según él, responden a sectores contrarios.
“Todo lo que está pasando ahora en el Congreso y en el Ejecutivo creemos que tiene relación con la elección de Fiscal General”. señaló Wer, quien agregó que “las Comisiones de Postulación están cooptadas y como ciudadanos debemos de vigilar el proceso”.
Por su parte Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), también estima que existe riesgo que sectores oscuros traten de retomar el control del OJ, “ya no le tocaría a esta “Cuchi Valdés” porque ya estuvo, pero como salió de manera abrupta podría intentar volver y esta señora Orellana yo creo que sería terrible, peligroso” puntualizó.
Lenina García dirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) considera que “esta elección debe de darse en el marco de la legalidad” indicando que hasta el momento se encuentran evaluando el perfil de cada magistrado.
La dirigente afirma que de detectar acciones sospechosas en la elección “estarían tomando medidas de hecho”, porque afectaría la justicia y sumaria más poderes al pacto de corruptos.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló que esta elección cobra importancia por el rol que tendrá para elegir al sustituto de Thelma Aldana al frente del MP.
“Será fundamental para garantizar que el proceso sea transparente y sin presiones de sectores que quieran cooptar la elección del próximo fiscal del MP” porque según Rodas “es vital para la lucha contra la impunidad”.
La Hora intentó comunicarse desde el pasado jueves con las magistradas Valdés y Orellana pero ninguna atendió las llamadas telefónicas o mensajes enviados a sus teléfonos celulares.
¿UN AS BAJO LA MANGA?
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, considera que el Congreso puede tratar de tener el control sobre el OJ, “hay que ver si el Congreso no quiere hacer otra jugada que les aseguro que el Presidente esté a favor de ellos. Como ocurre en Cortes de Apelación que hay muchos amparos que no caminan”.
Carmen Aída Ibarra del Movimiento Pro Justicia reveló la que podría ser la estrategia legislativa “entre la agenda que tenían los diputados estaba elegir a un diputado número 13, el sustituto de Blanca Stalling, para elegir a alguien que llegara a reforzar el grupo de los 8 (pro impunidad) y así tener mayoría calificada para grupos comprometidos con la corrupción”.
