Por Douglas Cuevas
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Bajo los números 4609 y 4610 ingresaron ayer a la Corte de Constitucionalidad (CC) dos acciones de amparo que tienen como fin evitar que el presidente Jimmy Morales y el Congreso de la República alteren el acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como la aprobación o reforma de leyes que debiliten los esfuerzos del ente internacional y del Ministerio Público (MP).
Ambos amparos fueron presentados, por el abogado Alfonso Carrillo, como una medida preventiva ante la amenaza que podría entorpecer el trabajo y las investigaciones en las que participa la CICIG en conjunto con autoridades del Ministerio Público (MP).
La primera de ellas, la 4609, surge luego del discurso que dio el presidente Jimmy Morales en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que anunció una evaluación del gobierno guatemalteco a las normas legales que han dado vida a la CICIG.
El Presidente argumentó un “exceso” en las atribuciones de la entidad de Naciones Unidas que tiene como fin combatir grupos clandestinos y de seguridad y que mantienen expedientes abiertos contra miembros de la familia de Morales y el partido político FCN Nación, que lo llevó a la Presidencia en 2015.
El Congreso de la República también figura en la lista de autoridades denunciadas, ante el peligro de que los diputados puedan repetir la aprobación de “leyes proimpunidad” que irían apegadas a los deseos de Morales, quien no pudo expulsar al comisionado Iván Velásquez.
Carrillo hace mención en los documentos que los principales impulsos del Presidente Morales pueden ser identificados como personales.
“El presidente de la República está actuando sin facultades legales” señala el documento en el que agrega que “aunque existiera tal norma legal, en todo caso no existen causas legítimas para ello en atención al impacto positivo para el Estado de Derecho que ha tenido la CICIG en los asuntos que ha promovido” aunado a que “el Presidente de la República ha planteado el proceso de revisión basado en motivos personales”, precisó.
DIPUTADOS CON CONFLICTOS DE INTERESES
Las recientes decisiones del parlamento guatemalteco se han visto reflejadas en una indignación social que ha dejado extensas jornadas de manifestaciones pacíficas desde que el Congreso protegió, en una primera oportunidad la inmunidad del Presidente, junto al impulso de reformas de las leyes “proimpunidad”.
Por estas reformas a las que ya dieron marcha atrás, Carrillo presentó una segunda acción de amparo, la 4610, que busca en primer punto impedir que los diputados reformen leyes que debilitarían la libertad y fuerza del MP y la CICIG. El mismo amparo también pide a la CC que el Presidente tampoco presente iniciativas de ley que podrían dejar en la cuerda floja el trabajo de las instituciones encargadas de las investigaciones.
La medida busca evitar que diputados con conflicto de intereses puedan participar en votaciones que podrían beneficiarles de manera directa, como ocurrió con las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, que fueron promovidas por el diputado Orlando Blanco, denunciado por ese cargo penal.
