POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica (CIJ), Ramón Cadena, calificó como un “abuso de autoridad” y “fraude de ley” la actuación de 106 diputados, quienes decidieron reformar el delito de financiamiento electoral ilícito y hacer conmutables las penas que no superen los diez años. Por tal motivo, expuso que los congresistas incurrieron en responsabilidades penales.
“Las leyes que emitió el Congreso ayer atentan contra el estado de Derecho. Hay fraude de ley, violan –las reformas– artículos constitucionales básicos del estado de Derecho en Guatemala; se configura el abuso de autoridad y el abuso de derecho”, dijo Cadena.
El director de la CIJ dijo que los diputados legislaron motivados por intereses personales y alrededor de 40 o 50 de ellos podrían verse beneficiados si eventualmente son procesados penalmente.
“La Corte de Constitucionalidad debería considerar con mucha fuerza el hecho de que se certifique lo conducente. Los diputados que firmaron –la aprobación de las reformas– cometieron delitos y esos delitos deben ser sancionados y la gente debe ser procesada por el delito que se cometió ayer. Hay suficiente información para que el Ministerio Público determine que es un delito en fragancia”, afirmó Cadena.
