POR AGENCIAS/DPA
Managua, Nicaragua
Un alto directivo del Poder Judicial de Nicaragua negó hoy que bancos de ese país estén implicados en el caso revelado en Guatemala por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), conocido como «Construcción y Corrupción, los negocios en el Micivi» , pero sugirió investigar a sociedades anónimas supuestamente creadas para lavar dinero.
«No hay ninguna implicación de Nicaragua en este caso (…) pero hay que seguir investigando», dijo el magistrado Rafael Solís, directivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en lo que constituye la primera reacción de un funcionario del Gobierno en torno al caso.
En las investigaciones realizadas en Guatemala sobre una intrincada red de corrupción «aparece que algunas sociedades se constituyeron en Nicaragua», indicó.
La semana pasada, los siete bancos que operan en Nicaragua negaron su participación en el lavado de 10 millones de dólares por parte de empresas guatemaltecas aparentemente asociadas al ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de ese país, Alejandro Sinibaldi.
«Que hayan traído fondos de esa naturaleza, de esa persona y de ese grupo de Guatemala y los hayan introducido, eso categóricamente no es cierto», insistió el magistrado Solís al avalar la actuación de los bancos privados nacionales.
Hace diez días, una investigación judicial en Guatemala vinculó al ex ministro Sinibaldi con una intrincada red de corrupción y blanqueo de dinero, caso que salpicó incluso al ex embajador guatemalteco en Estados Unidos, Julio Ligorria.
Según el fiscal general en funciones de Guatemala, Luis Archila, Sinibaldi creó cinco empresas en Nicaragua para lavar dinero, y compañías ficticias para recibir sobornos de ocho constructoras para el pago de deudas y proyectos de infraestructura con la institución.
Se presume que los sobornos superan los 10 millones de dólares, a cambio de pagos de deudas y adjudicación de nuevos contratos por alrededor de 241 millones de dólares.
Sinibaldi está prófugo y tiene orden de captura por su supuesta participación en la compra de un helicóptero como regalo al ex presidente Otto Pérez Molina (2012-2015), preso por cargos de corrupción.
También es acusado en otro caso de corrupción que involucra a la empresa brasileña Odebrecht en la adjudicación de la ampliación de una carretera en el sur del país.
