POR MARIELA CASTAÑÓN
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El viceministro de Seguridad, Ricardo Guzmán, afirmó que la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) ordenó una investigación administrativa del alcaide de la cárcel ubicada en la Base Militar Mariscal Zavala, tras información relacionada con un caso de abuso sexual a una interna, en la que se sospecha tuvo participación. El servidor público fue relevado.
De acuerdo con Guzmán, la decisión relacionada con el trabajador penitenciario se realizó después de una inspección efectuada por la Inspectoría General de la DGSP.
La diligencia se realizó ayer, tras información no oficial que surgió sobre un supuesto caso de abuso sexual del alcaide en estado de ebriedad, a una privada de libertad.
Por otro lado, Rudy Esquivel, portavoz de Presidios, afirmó que en esta prisión hay 25 mujeres internas y 228 hombres, para hacer un total de 253.
La capacidad de esa prisión es de 135 y al igual que las otras 20, está hacinada, pues la DGSP resguarda a más de 22 mil 400 privados de libertad, pero únicamente tiene 6 mil 809 espacios carcelarios.
SIN INTERVENCIÓN
En tanto, se consultó a representantes del Ministerio Público (MP) sí habían acompañado la inspección realizada por la DGSP, pero se informó que no, porque no conocieron ninguna denuncia.
Se consultó a Esquivel sobre esta situación e indicó que no solicitaron el apoyo del ente investigador, porque únicamente se trataba de una inspección administrativa.
DEBEN CERRARSE
El pasado 19 de julio, el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, emitió un mensaje en su cuenta de Twitter y opinó sobre el cierre de las prisiones ubicadas en las Bases Militares.
«Es necesario y urgente empezar a buscar alternativas a las cárceles ubicadas en las instalaciones militares. Deben cerrarse», refirió Velásquez.
El uso de los espacios castrenses inició en el año 2010, durante la gestión del expresidente Álvaro Colom.
En esos lugares fueron ubicados los privados de libertad vinculados a crímenes de alto impacto y cuya vida corría riesgo.
En los siguientes años se mantuvo la utilización de por lo menos una de esas Bases; posteriormente se volvieron a abrir ambas.
Representantes de la sociedad civil han cuestionado la falta de control en estos lugares, así como la clasificación que se hace de algunos reos, pues en estas prisiones se ubican a personas con poder económico o político, y no a personas de escasos recursos.
