POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) presentó un recurso de apelación para revertir la resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechazó trasladar el Caso Bufete de la Impunidad a una judicatura de Mayor Riesgo.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, dijo que, con el fin de salvaguardar la independencia judicial, es necesario que el expediente sea trasladado a un Juzgado de Mayor Riesgo.
“En este caso hasta hubo sobornos para jueces, se atentó contra la independencia judicial y consideramos que ésta se encuentra garantizada de mejor forma en una judicatura de Mayor Riesgo, sin que eso implique que desconfiemos en la justicia ordinaria”, dijo Sandoval.
Según el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 16 de abril, cuando se coordinaron las capturas de personas que presuntamente integraban la red de defraudación aduanera La Línea, la titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling, negoció con cabecillas de la estructura una medida sustitutiva.
Por tal motivo, el jefa de la FECI indicó que se presentará la apelación ante la CSJ, quien deberá determinar en segunda instancia si es procedente o no que el caso sea trasladado a Mayor Riesgo.
Los juzgados de Mayor Riesgo, según el decreto 21-2009, se crearon para conocer aquellos casos en los que, por su naturaleza, existen riesgo a la integridad física de jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de justicia, imputados o testigos.
El pasado martes, la Cámara Penal, integrada por los magistrados Josué Felipe Baquiax, José Antonio Pineda Barales, Elizabeth García y María Eugenia Morales Aceña, votó por mayoría que el caso permanezca en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo de juez Mynor Motto.
La resolución contó con el voto disidente de la magistrada Morales Aceña, quien sí consideraba pertinente que el caso fuera trasladado a mayor riesgo.
“Ella sí advierte que existen los riesgos que establece la ley de competencia penal en procesos de Mayor Riesgo, sin embargo, los otros magistrados desestimaron la petición de la Fiscal General”, epresó Sandoval.
RETRASOS
La petición para trasladar el caso a Mayor Riesgo se planteó desde junio del año pasado, sin embargo, ha sufrido múltiples retrasos por recursos interpuestos por la defensa, indicó Sandoval.
El último recurso interpuesto fue una recusación, por parte del abogado defensor de Sierra de Stalling, Francisco García Gudiel, contra dos magistrados de la Cámara Penal.
Recientemente, la Corte de Constitucionalidad confirmó el fallo del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados que inhabilitó a García Gudiel como abogado durante un año. Esto, por faltarle el respeto a la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, Yassmin Barrios, durante el juicio por genocidio.
