POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
“Los patojos no se levantaron solo porque sí”, aseguran las madres de un grupo de jóvenes que el pasado lunes trató de fugarse del correccional Las Gaviotas, mientras los ven ingresar a la sala de audiencias del Juzgado de Turno en la Torre de Tribunales. Actuaron por el fastidio que les provoca ser fastidiados, dicen. Adentro de los centros de privación de libertad los menores de edad deberían encontrar razones para reencausar sus vidas, pero de acuerdo con reportes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el MP y denuncias de los propios jóvenes, en muchas ocasiones encuentran más violencia y condiciones no apropiadas para su desarrollo integral.
La oficina del Procurador desde el año pasado advirtió que el sistema de reinserción social para jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal ha fallado. El resultado: tres amotinamientos y siete vidas perdidas en menos de un año.
Los jóvenes que participaron en el intento de fuga del centro correccional para menores de edad Las Gaviotas, donde también fueron localizados muertos tres internos, fueron trasladados la mañana siguiente a los disturbios en pequeños grupos desde el sótano de tribunales al Juzgado de Turno, donde el Ministerio Público los señalara de nuevos cargos por la tentativa de huida.
En la entrada de la sala de audiencias, un grupo de madres formaron un corredor humano, donde cada una esperó con impaciencia ver a su hijo y asegurarse de que se encuentra bien. Un día antes transcurrieron noticias de que había muertos y heridos en Las Gaviotas, pero no saben con exactitud quiénes son.
Muchos de los jóvenes que transitan por ese corredor están señalados de delitos tales como asesinato, extorsión, portación ilegal de arma de fuego, robo, homicidio, violación, femicidio, promoción y estímulo a la drogadicción, agresión sexual, los cargos más comunes en adolescentes en conflicto con la ley penal, según la Secretaría de Bienestar Social (SBS), entidad encargada del manejo de los centros correccionales. Sin embargo, para las mujeres y demás familiares que deambulan en la Planta Baja de la Torre de Tribunales son sus hijos, hermanos, primos y sobrinos.
Una madre se exalta al ver pasar a su hijo por el corredor. “Te amo. Pórtate bien, te amo, te amo”, le repite, mientras lo estruja en brazos, previo a que ingrese a la sala de audiencias.
Hace un día estos jóvenes intentaron huir del centro de detención juvenil “Las Gaviotas”, justificando sus acciones en tratos crueles e inhumanos por parte de monitores del correccional.
“Sea como usted sea, es un humano, ¿pero imagine que le escupen su comida y se la tiene que comer así?, ¿y si se hacen pipí en el tambo del fresco o de café y se lo tiene que tomar así? Eso es inhumano. Por eso es que los patojos se han levantado”, dice una familiar de uno de los privados de libertad del correccional, sobre el motín reciente en “Las Gaviotas”.
Una madre se dirige a periodistas y asegura, molesta, que es un turno específico de monitores el que acostumbra a humillar a los jóvenes y adolescentes del correccional. Dice que los sacan a las dos de la mañana, bajo el sereno y sin ropa alguna, les echan agua fría, les rocían gas y les queman la piel. “Esas son llagas por el gas, no son ronchas”, dice, refiriéndose a heridas en el cuerpo que lucen los internos.
Así explican las familias de los privados de libertad el motín ocurrido en el centro correccional Las Gaviotas, donde también fueron localizados muertos tres jóvenes.
Tres amotinamientos en centros de detención juvenil van en este año: uno en el centro de detención juvenil Gaviotas, uno en Etapa II y otro en Anexo, en los cuales se han reportado muertes de internos y monitores. Estas situaciones no solo evidencian el descontrol que tienen las autoridades sobre los centros correccionales, sino también una consecuencia más trágica: el modelo de reinserción social que funciona actualmente ha fallado en su objetivo principal.
La PDH ya ha advertido al Estado de tales debilidades institucionales y ha señalado que, antes de que ocurran más tragedias, es necesario reorientar la política de bienestar social para la niñez y adolescencia.
DENUNCIAS DOCUMENTADAS
Las situaciones denunciadas por las madres y los internos no son ajenas a las instituciones del Estado. La PDH documentó desde noviembre del año pasado que los cuatro centros de privación de libertad para personas menores de edad en conflicto con la ley penal (Gaviotas, Anexo, Etapa II y Gorriones, este último alberga a mujeres) exponen a tratos crueles, inhumanos y degradantes a los jóvenes, incluyendo la violencia sexual cometida por personal de los centros.
Los correccionales “replican y promueven prácticas denigrantes y vejatorias que impactan en la salud mental y además no promueven una cultura de denuncia”, impidiendo de esta forma acceder a un proyecto de vida para la rehabilitación, señala la oficina del procurador en un informe.
A consecuencia de uno de estos abusos, la semana pasada miembros de la Policía Nacional Civil fueron capturados por presuntamente agredir físicamente a un grupo de internos del centro. Los golpes se dieron después de un motín organizado por los menores de edad, a pesar de que ya habían sido reducidos al orden, según la Fiscalía.
Otro de los problemas que documentó la PDH es que los centros correccionales no hacen una separación de internos por tipo delito ni por edad, de modo que jóvenes con un perfil peligroso están mezclados con otros señalados por cargos menores.
Según la SBS, en Las Gaviotas, antes de que ocurriera el motín del pasado lunes, había 193 adolescentes en prisión preventiva y 373 que ya se encontraban sancionados.
Norma Ramírez, fiscal de sección adjunta de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, dice que están bajo investigación algunos casos de violación sexual por parte de internos mayores de edad a privados que aún son menores de edad. La Fiscalía también conoce denuncias contra monitoras del centro correccional los Gorriones, por tratos crueles a las adolescentes.
“Ellas dicen que las monitoras las ponen a hacer una cantidad exagerada de sentadillas, a “rutinear” dicen ellas. Algunas otras que las insultan, que les dicen cosas y que las patean”, dice Ramírez.
Aunado a los malos tratos, la salud mental de los jóvenes se ve perjudicada por las condiciones de hacinamiento y precariedad en cada uno de los centros. Según datos de la SBS, Las Gaviotas tiene capacidad para albergar a 175 personas y actualmente hay 566 internos.
La situación es la misma con los otros tres centros correccionales. Gorriones, con capacidad para 60 adolescentes mujeres, alberga a 136 y Anexo, con capacidad para 140 personas, da abrigo a 156 jóvenes. Etapa II es el único que cuenta con 92 privados de libertad, cuando su capacidad es de 150.
“En todos los centros, en promedio, -los jóvenes-solamente salen de sus dormitorios o sectores una hora diaria (al día). Esto repercute en el ámbito educativo, de salud y anímico, toda vez que el encierro no permite el que ellos puedan tener un desenvolvimiento”, afirma Abner Paredes, defensor de la juventud de la PDH.
Los y las adolescentes también se quejan del estado de las instalaciones y aducen, entre otras cosas, que las condiciones de higiene no son las adecuadas.
“Lo que más nos afecta son los animales que nos pican el cuerpo, están en los ponchos y en los pocos colchones que tenemos”, expresó un adolescente a personal de la PDH.
Estas deficiencias en los cuatro centros correccionales para personas menores de edad llegaron a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que recientemente solicitó al Estado de Guatemala que mejore la infraestructura de los centros y vele por que se respeten la vida e integridad de la población que ahí se encuentra albergada.
EL RESULTADO DE UNA SOCIEDAD VIOLENTA
A las madres que tienen hijos en conflicto con la ley penal la sociedad también las condena: alcahuetas, negligentes, irresponsables. A Ana* se lo repiten los guardias que cuidan el centro de privación de libertad donde se encuentra su hijo cada vez que va a visitarlo, mientras desnuda hace cuclillas frente a ellos para comprobar que no lleva nada escondido.
Ana está consciente de lo que la sociedad cree de ella y por eso, entrevistada por la prensa mientras espera a su hijo en la Torre de Tribunales, explica la realidad que, a su criterio, muchos ignoran: “A muchas nos ha tocado que ser madre y padre para nuestros hijos, y si no trabajamos no comemos, y entonces, si los cuidamos a un cien por ciento, ¿qué vamos a comer? Esto es parte de la sociedad y de la paternidad irresponsable, porque uno como madre hace lo que puede”, responde.
– ¿Y qué pasó con el padre?
– Él falleció hace años y me quedé con cinco hijos.
– ¿Falleció por causa natural?
– No, fue causa de la violencia, porque lo asaltaron y él no quiso dar el anillo de preparatoria de mi hijo más grande y por eso lo mataron.
La situación de Ana no es la única. Andrea Barrios, del Colectivo Artesana, entidad que conforma una Mesa de diálogo en conjunto con la SBS para encontrar soluciones a sistema de reinserción social, asegura que muchos de los jóvenes entrevistados manifiestan tener un padre ausente o fallecido a causa de la violencia.
“De lo que hemos podido recabar con jóvenes y adolescentes que se entrevistó es que la mayoría tienen un padre ausente. Yo le puedo decir que el 85% de los adolescentes entrevistados hasta hoy nos manifestaron que no tienen una relación con su papá. Entonces, a mí me parece que eso denota la necesidad que hay de abordar los temas de prevención de manera distinta porque estos jóvenes son ya una segunda generación llamada pandilla”, dice Barrios.
Y agrega: “Lo más importante es entender que ellos son el producto de una sociedad que no ha atendido a la niñez y adolescencia adecuadamente. Ha habido indiferencia en cuanto a necesidades y oportunidades para evitar que sean tan fácilmente captados por estructuras criminales. Ellos son el resultado de una sociedad, no los culpables del tipo de sociedad en que vivimos”.
ESTIGMATIZACIÓN
Pese a la ineficiencia del sistema de reinserción, un “porcentaje alto” de adolescentes en conflicto con la ley penal ha logrado su rehabilitación y reinsertarse a las dinámicas de la sociedad, según una resolución de la jueza de Control de Ejecución de Medida, Verónica Galicia.
Sin embargo, el martirio para los adolescentes perdura una vez logran reinsertarse a la sociedad, ya que una vez en libertad, muchos de ellos pierden su vida como consecuencia de haber disertado de grupos delincuenciales, según la resolución de la jueza.
“Algunos adolescentes cuando recuperan su libertad han perdido sus vidas como consecuencia de haber desertado de grupos disociales, y que, de los que han logrado resguardar su integridad física, han tenido que emigrar junto a su familia a áreas distantes de su residencia”, explica la jueza en su fallo.
Asimismo, perjudica la reinserción social de los adolescentes la falsa creencia que tiene la población de que cualquier adolescente que haya ingresado a un centro de privación de libertad no puede rehabilitarse, “palabras que han estigmatizado” a los adolescentes que cumplen las metas, indica la jueza.
¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?
Al ser consultados sobre estos hechos, las autoridades de la SBS reconocen que parte de los monitores no cuentan con la preparación adecuada para atender a jóvenes en conflicto con la ley penal.
“Se tiene el conocimiento que el personal carecía de directrices para prestar sus servicios de manera adecuada, por lo que se puso inmediatamente en funciones la academia de monitores con el apoyo de USAID”, respondió la SBS por medio de correo electrónico.
Asimismo, manifestaron que se contempla la contratación de nuevos monitores, pero considerando un nivel académico más alto.
La SBS niega la afirmación de la PDH en cuanto a que los y las adolescentes de los correccionales permanecen una hora al día únicamente fuera de sus dormitorios.
“Tienen actividades todos los días, incluyendo la educación y actividades de deportes, por lo que este dato no es cierto”, señala la institución.
Para mejorar los programas de reinserción, la SBS informó que la Unión Europea donó cuatro edificios (uno por centro), donde se prevé capacitar a los adolescentes en panadería, ofimática y corte y confección.
En tanto, para deshacinar los centros, la SBS manifestó que se tiene programado utilizar las instalaciones en las que operó el Hogar Seguro Virgen de la Asunción como un centro de rehabilitación y reinserción.
“Este modelo contempla la separación de poblaciones por delito, por grupos antagónicos, etc. Dicho modelo, vale la pena mencionar, es único y se cuenta con el apoyo de Cooperación Internacional y USAID”, informó la SBS.
*Nombre ficticio para proteger la identidad de la entrevistada.
CARGOS MÁS COMUNES
Asesinato
Extorsión
Portación ilegal de arma de fuego
Robo
Homicidio
Violación
Femicidio
Promoción y estímulo a la drogadicción
Agresión sexual
*Datos de la SBS
