POR DOUGLAS GÁMEZ
dgamez@lahora.com.gt
La semana pasada, el gobierno del presidente Donald Trump anunció la nominación de Luis Arreaga como sustituto de Todd Robinson al frente de la Embajada de Estados Unidos.
Arreaga es guatemalteco y actualmente funge como Subsecretario Adjunto de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. Su nominación se dio después de la reunión sobre Seguridad y Prosperidad en el Triángulo Norte y tras las solicitudes de extradición de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.
En ese contexto, el investigador David Martínez-Amador, profesor universitario, columnista de prensa y miembro de la Red de Investigadores por la Paz y la Democracia “Insumisos”, con experiencia en temas relacionados al narcotráfico, expuso, a través de una entrevista por correo electrónico, sus apreciaciones sobre el nombramiento de Arreaga y el mensaje que puede enviar Estados Unidos a las autoridades guatemaltecas con el perfil del diplomático electo.
¿Qué mensaje envía Trump al designar a la persona del Departamento de Estado que tenía a su cargo el tema de la lucha del narcotráfico y crimen organizado como embajador en Guatemala?
La percepción confirmada es que Guatemala se entiende como un caso de Narco-Estado. El interés de la nueva gestión diplomática recae no sólo en el tema de corrupción, sino sobre el narcotráfico y delitos conexos. Los estadounidenses no pueden permitirse que el narcotráfico se institucionalice en las aduanas, que el narcotráfico consolide procesos corporativos a nivel de la Secretaría de Gobernación -Ministerio de Gobernación- (por dar dos casos). En pocas palabras, el Partido Patriota hizo todo lo posible por transformar al país en un entorno amigable al trasiego, otorgó protección institucional y facilitó el paso por las aduanas. Ni siquiera México ha sido receptor de un embajador estadounidense con ese perfil. La actual embajadora de EE. UU. -Roberta S. Jacobson- en México es una especialista en integración regional. El mensaje para Guatemala la verdad, debe dar pena y es muy grave.
¿Qué características podremos esperar de un embajador con conocimiento de ambas temáticas -narcotráfico y crimen organizado- en un momento en el que altos exfuncionarios han sido señalados de ayudar al narcotráfico?
Es una cadena de perfiles. La estrategia hacia América Central viene dirigida por el general retirado John F. Kelly -Secretario de Seguridad Nacional- quien conoce Centroamérica muy bien, dado que fue Jefe del Comando Sur. Eso no quiere decir que la agenda es militarización perse, pero el estilo de gestión es muy claro: un estilo menos político, menos diálogo y más frontal. Se acompaña de William Brownfield, secretario asistente de International Narcotics and Law Enforcement Affairs. El rol que juega la DEA en cada país para recabar inteligencia e intervenir en operaciones conjuntas (o de forma unilateral) sigue vigente y a eso, agreguemos, un embajador que conoce perfectamente esos procesos. Lo que quiere decir es que toda la maquinaria del gobierno estadounidense tiene el interés de incidir por vía de adquirir inteligencia, tener agencias de reacción, y un perfil que dialoga menos y exige más. En términos específicos, el nuevo embajador estadounidense no necesita que lo pongan al tanto del problema, lo conoce perfectamente. Conoce los actores y sobre todo, las complicidades de los actores.
John Kelly y Rex Tillerson publicaron un artículo en el que dejaban ver que Estados Unidos quiere emular el Plan Colombia en el Triángulo Norte ¿Qué cree que veremos en la región en cuanto al tema de seguridad en los próximos años?
Considero difícil replicar la estrategia del Plan Colombia en el Triángulo Norte. En términos concretos porque, la iniciativa CARSI -Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica- estipula el retiro de los efectivos militares con respecto a tareas de seguridad. Al mismo tiempo los ejércitos centroamericanos son muy pequeños, y algunos de ellos tienen aún un veto por parte de EE. UU. para adquirir armas y tecnología militar.
Además, es difícil pensar que los EE. UU. harán la transferencia de recursos al estilo Plan Colombia cuando es obvio que no pueden confiar en las contrapartes centroamericanas. Lo que sí es claro, es que Estados Unidos utilizará los mecanismos existentes en cada país para apretar en la agenda. La amenaza de la descertificación, la exigencia de extradición, posiblemente muestren molestias públicas en nombramientos de ministros o viceministros (serán más invasivos en cuanto a actos soberanos de los Estados). Cuando convenga, utilizará a la DEA para hacer operativos en conjunto (o unilaterales).
El modelo está más claro, orientado a tres tipos de formas para incidir: 1) mayor cantidad de operaciones del tipo “operación Martillo”, 2) la experiencia de CICIG en Guatemala (que le permite carta abierta para depurar todo un sistema) y, 3) el caso del grupo Rosenthal en Honduras* donde la DEA literalmente se trae abajo a dicho consorcio por presuntamente colaborar en blanqueo de capitales.
*Rosenthal es el apellido de una de las familias más poderosas en Honduras con influencia en el ámbito económico y político de ese país, acusada por la justicia estadounidense de facilitar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico durante una década, por este caso varios miembros de ese grupo fueron detenidos.
¿Cuál podría ser la reacción de las organizaciones criminales y del narcotráfico ante estas nuevas características de la atención de Estados Unidos en la región?
Las organizaciones criminales en Centroamérica no tienen el carácter bélico que muestran las organizaciones mexicanas. Son grupos movedores de droga y menos cárteles. Lo que las organizaciones criminales harán es refinar los mecanismos por los cuales intentan incidir en los procesos políticos. Pero es aventurado pensar en reacciones “violentas”.
López Bonilla cuidó los cargamentos del narcotráfico con la fuerza pública ¿Qué lectura le da a eso?
Me impresiona cómo un militar retirado, especialista en inteligencia, no reparó jamás en que el mundo del narcotráfico es también un universo de chismes que se venden el mejor postor. Todos son orejas y gente que uno no imagina colabora “regularmente” con la DEA en razón de adquirir un trato preferencial en el futuro.
Que un exministro del Interior coordine la protección de cargamentos es una información que difícilmente podría mantenerse blindada. Lo último es decir que, actos como estos hacen invisible la frontera entre el crimen organizado y el Estado. El segundo se pone al servicio del primero y se transforman en lo mismo. Ministro de día, narco de noche. ¿Qué necesidad? No se trata de atacar a los militares, pero en este caso queda claro que la mística, la formación y los valores (todo eso que se dice los civiles no tenemos) fueron secundarios ante la oferta de dinero. Lo que el exministro Bonilla y la exvicepresidenta Baldetti hicieron es imperdonable y establece un retroceso – que aún no se contabiliza- en términos de la lucha contra la corrupción.
¿Qué tanto daño pudo haber provocado en la institucionalidad ese nivel de corrupción? Me refiero a que la propia PNC custodiara cargamentos de drogas.
Esto es otro caso de cómo la institucionalidad del Estado se pone al servicio del narco. Posiblemente, debemos suponer un nivel de penetración que aún no hemos sido capaces de detectar. Esto también se hace más evidente en razón de la no institucionalización de mecanismos de confiabilidad aplicada a todos los niveles. Al momento, la gestión del actual director de la PNC (Nery Ramos) ha sido más que buena pero la amenaza prospectiva pasa por cortar de tajo los remanentes de vínculos entre el narco y agentes que hayan podido “doblarse”.
¿Será una coincidencia que la misma semana que se conocen los pormenores de la extradición de Bonilla se conozca la designación de un embajador que ha estado en el tema de la lucha contra ese fenómeno? ¿Qué lectura le da a esta sincronización?
El anuncio se da inmediatamente después de la reunión sostenida en Miami donde se vuelven a trazar los objetivos estadounidenses en la agenda hacia el Triángulo Norte. Los tiempos me parecen congruentes. Otra forma de verlo. No sólo la nota sobre la solicitud de extradición. Además de eso, se van ya conociendo pormenores sobre la presunta relación de 4 diputados con un prófugo de la ley –Marvin Mérida- quien habría financiado un intento de lobby para desacreditar los mecanismos anti-corrupción establecidos (y que han sido reiteradamente apoyados por EE. UU). Otro elemento, la solicitud de antejuicio contra la Fiscal General da a entender que los denominados poderes paralelos intuyen un tanto de más libertad. Otro ingrediente más en la sopa, el grave error del presidente Morales por no acompañar al Comisionado Velásquez a la reunión con países donantes que toma lugar en Nueva York. Hay un intento artesanal por intentar sacudirse la agenda anti-corrupción y de combate al crimen organizado que EE. UU. lidera. Es lógico que el anuncio se haga en este momento.
¿Cuál debe ser el proceder de la ciudadanía y entidades ante estas nuevas realidades y autoridades?
Estos son juegos de política exterior ya definidos, con financiamiento establecido. Es más que claro que la opinión y el sentir de la ciudadanía y las autoridades es marginal, la agenda está trazada. En el caso de las autoridades, es importantísimo que sepan leer el mensaje: se terminaron los tiempos de jugar a narcos, se terminan los tiempos de saqueos sistemáticos del Estado. Esta estrategia ha sido capaz de poner a un presidente tras las rejas –Otto Pérez Molina, acabar con las aspiraciones presidenciales de un caudillo -Manuel Baldizón-, poner en condición de extraditable a la “mujer fuerte” del anterior gobierno –Roxana Baldetti-, “cuadrar al sector privado” más radical del continente (entre otros aspectos). Agreguemos que las complicidades empresariales con Marjorie Chacón (La Reina del Sur) aún están por revelarse y eso debe generar otro cisma. Y, entonces, se cierra el telón y la obra nos presentó lo que pasa cuando la burocracia de alto nivel y empresarios relevantes deciden jugar o coludirse con el narco.
