POR DOUGLAS GÁMEZ
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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), expresó su preocupación por la posibilidad del “cese” de actividades de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, ocasionada por problemáticas administrativas relacionadas al atraso de la elección de las nuevas relatorías por el Congreso de la República.
En un comunicado de prensa, la PDH hace énfasis en algunas de las dificultades que enfrenta esa institución, como lo diera a conocer La Hora el 16 de junio en una nota en la cual se menciona que la Oficina sería desalojada del edificio donde funciona por la falta de pago del arrendamiento.
Esto porque no se ha hecho la designación de los tres relatores de cinco que conforman la directiva de la Oficina, lo cual impide la realización de acciones de índole administrativo como la autorización de salarios, servicios, entre otros.
La PDH hizo el llamado para que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso evite el cierre de la Oficina y al pleno del Congreso para que elija a los relatores faltantes.
