POR KIMBERLY LÓPEZ
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César Franco continuará como asesor y abogado defensor del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) en el proceso de juicio para la nulidad de algunos artículos del Pacto Colectivo de Salud. Esto a pesar de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) planteara que Franco involucraba intereses personales al defender la validez del pacto, pues en uno de los artículos de esta negociación estaba estipulado un pago millonario para sus honorarios.
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones e Trabajo y Previsión Social rechazó la recusación planteada por la Procuraduría en el proceso de juicio para la nulidad de algunos artículos del Pacto Colectivo de Salud. Mediante dicha recusación se pretendía separar al abogado del referido sindicato.
Como argumento para esta determinación, se priorizó “el derecho de las partes de asistirse de un asesor de su conveniencia y elección así como la libertad del ejercicio de la profesión liberal de la abogacía”.
HONORARIOS DEL ABOGADO
El artículo 51 del Pacto Colectivo compromete al Ministerio de Salud a pagar la asistencia legal del sindicato. Según la normativa, el profesional del derecho recibiría un solo pago.
En la audiencia realizada el 2 de mayo, la PGN señaló que veía defensa de intereses personales en el abogado del sindicato, quien recibiría 17 millones de ser cumplido dicho artículo.
Por ese motivo la Procuraduría presentó una recusación que fue rechazada por la jueza, bajo el argumento de priorizar el derecho de defensa del sindicato.
Sin embargo, la PGN pidió la anulación de ese rechazo por lo que el expediente fue enviado a la Corte de Apelaciones.
SUSPENSIÓN DE PACTO COLECTIVO
Asimismo, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo provisional para la suspensión del pacto colectivo.
Mediante dicho amparo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) solicitaban dejar en suspenso el cumplimiento de algunos compromisos establecidos en dicha negociación, por considerarlos lesivos y contradictorios a la situación financiera del Ministerio.
No obstante, el amparo fue rechazado y de esa cuenta sigue vigente la validez de estos compromisos. Dentro de ellos, figuran el pago de bonos y viáticos a dirigentes sindicales y trabajadores del Ministerio.
