Por Grecia Ortíz
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Ante la falta de oportunidades laborales en el país, que obligan a miles de personas a emigrar sin documentos a Estados Unidos, analistas consideran que una respuesta a la crisis del desempleo y a las deportaciones masivas podría ser la creación de plazas de trabajo en el sector público y que puedan trabajar en la reparación de edificios educativos, hospitales e incluso carreteras.
Según datos proporcionados por el Ministerio de Educación, unas 700 escuelas de 20 mil edificios escolares serán remozadas este año en tanto el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se prepara para realizar arreglos a 16 de 44 hospitales, una inversión que significa al menos Q134 millones entre las dos carteras.
Aquí es donde se podría generar una fuente de empleo, aunque los consultados reconocen que no es tarea fácil, puesto que ya debería existir un plan que responda a la generación de plazas de trabajo ante la falta de oportunidades en el país, una de las principales razones que obliga a la migración de los guatemaltecos.
Según el Mineduc, un alto número de centros educativos necesita reparaciones, pero la falta de recursos solo permite que de 20 mil edificios destinados a la formación educativa, 700 vayan a recibir arreglos considerados como menores, lo que a criterio de esa cartera limita las posibilidades de aprendizaje de alumnos.
Un plan de construcción liderado por el gobierno podría ser la solución y la mano de obra podría ser la fuente de empleo que por años han sido insuficientes.
En igual situación se encuentra el Ministerio de Salud que para este año deberá invertir Q119 millones en mejoras de 16 hospitales.
Proyectos de construcción de carreteras, como el ofrecido por Odebrecht, al igual que los anteriores trabajos, podrían ser efectuados por mano de obra de guatemaltecos y de esa manera impulsar la creación de empleos y desarrollo en el país.
Héctor Canto, viceministro técnico del Mineduc, refirió que existen fondos que son destinados exclusivamente a remozamiento, precisamente en reparaciones consideradas como mínimas que consisten en el arreglo de ventanas, pintura, reparaciones de tuberías, y que no precisamente signifiquen construcciones.
“El Ministerio de Educación no ejecuta construcción de edificios escolares, nosotros hacemos coordinación con la unidad de edificios del Estado que es una dependencia del Estado y son quienes nos construyen aulas y edificios escolares”, afirmó.
Para este año se tiene previsto la reparación de unas 700 escuelas en todo el país, entre los que se contemplan edificios destinados a educación preprimaria, primaria, básicos y diversificado.
El viceministro técnico indicó que tienen contemplado la construcción de dos institutos tecnológicos para el país, y mencionó que se realizan evaluaciones de los lugares en donde se podrían ubicar nuevos proyectos.
“En el tema de remozamiento tenemos destinados 4 millones y medio de quetzales para edificios de preprimaria, 7 millones y medio para remozamiento de primaria y 3 millones para remozar ciclo básico”, explicó en torno a los planes de 2017.
Canto apuntó a que existen unos 20 mil edificios escolares y el déficit de atención para reparaciones es elevado en tanto el porcentaje para cubrir las reparaciones de una mínima cantidad es relativamente alto, por lo que reciben apoyo de Consejos Departamentales a fin de hacer mejoras en los centros educativos.
Los lugares a priorizar van desde las áreas rurales hasta urbanas, aunque reconoce la falta de atención a los centros educativos. “En nuestro país no ha habido durante mucho tiempo inversión en edificios escolares, fueron construidos y dejados a su suerte”.
Las consecuencias de no atender las reparaciones necesarias muchas veces se traducen en que el ambiente en donde se desarrollan los estudiantes no es digno y podría influir en la calidad de atención.
Q119 MILLONES PARA REPARACIÓN DE HOSPITALES
Según el viceministro de Salud, Adrián Chávez, de acuerdo al plan de hospitales del Ministerio de Salud de este año, alrededor de 16 nosocomios recibirán una ampliación, reparación o construcción.
“En general se tiene destinado alrededor de Q119 millones 16 mil 833, son 16 nosocomios que van a ser objeto de algún trabajo para el beneficio de la población guatemalteca”, expresó.
SALARIOS
En Guatemala, un país con una tasa de desempleo del 3.1 y de informalidad laboral que alcanza a 4 millones 467 mil 917, la necesidad de realizar mejoras en edificios de salud, educación y construcción de carreteras, podría significar una opción para abrir plazas de empleos desde el sector público y así mitigar no solo la migración de los guatemaltecos sino también la falta de empleos formales en el país.
Aunque para hacerlo también se necesitaría acercar el salario que guatemaltecos llegan o pueden obtener en Estados Unidos. Según Walter Batres, líder migrante residente en Estados Unidos, el sueldo mínimo por hora se estima en US$10.50, aunque puede llegar a variar.
En Guatemala, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el salario mínimo para el sector de actividades no agrícolas es de Q2, 893.21, al igual que para el agrícola, mientras que para el exportador y de maquila ronda los Q2, 667.52 calculado por 30 días.. Comparado con el que perciben los migrantes guatemaltecos en el país norteamericano es muy inferior.
GOBIERNO PUEDE OFRECER EMPLEOS DE MANO DE OBRA
A decir de Luis Linares, analista económico de la Asociación en Investigación de Estudios Sociales (ASIES), considerando que la generación de empleos desde lo privado es baja, una alternativa recae en aumentar la inversión pública.
“Guatemala tiene unos grandes rezagos en materia de infraestructura, porque debiera de estarse invirtiendo, la CEPAL recomienda un 5 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, en infraestructura para mantenernos competitivos”, anotó.
Otra de las maneras en que se podrían generar empleos, a decir del experto, podría ser en la construcción de viviendas, teniendo en cuenta que se atiende de una forma mínima.
“El Gobierno podría acelerar la inversión para poder ofrecer mano de trabajo tanto a los jóvenes que son deportados como a los que están queriendo irse”.
Incluso dijo que programas de reforestación también podrían ayudar. Con ello se lograría activar el movimiento económico del mercado interno; “la obra pública puede ser un detonante”, señaló.
REFRESCAR EL MODELO DE DESARROLLO
El economista Jorge Santos considera que las deportaciones han crecido de manera sistemática durante los últimos años, no solo vía Estados Unidos sino desde México.
Las estadísticas, aseguró, muestran un aumento y resulta preocupante que no se vea ninguna política pública o estrategia del Estado a fin de contener deportaciones.
El otro aspecto que Santos señaló fue que no se observa la promoción de políticas públicas internas a fin de retener a los guatemaltecos en el país, quienes buscan una mejor calidad de vida en el extranjero. A esto se suma la pregunta de cómo incluir al sector laboral a los deportados.
Se requiere refrescar el modelo de desarrollo, este es un modelo –el actual- de desarrollo que por características ha fracasado, y solamente es útil para quienes se privilegian del mismo, dijo Santos.
El economista recordó que las remesas familiares son el principal ingreso de divisas del país, incluso muy por encima de lo que se produce y se exporta. Por eso anotó que es necesaria una política que responda con eficacia porque quienes retornen podrían verse afectados ante la imposibilidad de sumarse al sector laboral, sin salarios que se adecuen a sus necesidades.
Es necesario mostrar otro tipo de perspectivas, indica, porque si se llegara a ofrecer un empleo con altos niveles de precariedad, sin pago de salario mínimo, sin condiciones estables y ante un retorno masivo y una inadecuada respuesta del Estado, la situación se tornará en un “círculo vicioso”.
SIN CAPACIDAD
No obstante, distinguir lo deseable de lo real representa un reto para el economista independiente Carlos Martínez, quien considera que aunque existe una posibilidad de que se invierta desde el sector público en puestos de trabajo, eso no quiere decir que tanto la economía pública como privada no tiene ninguna capacidad de incrementar las fuentes de trabajo.
Martínez ejemplifica que durante 2015 y 2016 solo se llegó a generar unos 19 mil 600 empleos, cantidad que se ha venido generando desde hace 20 años, “en términos reales, ni el sector público ni el sector privado tienen la capacidad de generar empleos masivos para atender a los trabajadores que vengan deportados”, indicó.
Para Martínez, de concretarse las deportaciones masivas se generaría una enorme crisis social, derivado de la carencia de políticas que tiene el Estado, mientras que el sector privado tampoco tiene expectativas de mejorar la infraestructura productiva, “cada vez es menos la inversión pública y privada”.
El experto manifestó que si bien la generación de empleos en mano de obra por parte del sector público sería una opción, la misma se queda en un aspecto “deseable” y no posible.
“Uno puede especular sobre la construcción de carreteras, escuelas, nadie está planificando nada, nadie está haciendo nada, lo que se espera es una enorme crisis social con más deportaciones. A este momento ya debería existir un plan una política, por lo menos un programa de emergencia, pero eso no existe”, aseguró.
INFORMALIDAD SUPERA A SECTOR FORMAL
De acuerdo con las estimaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI-2016), un total de 4 millones 467 mil 917 personas de la Población Económicamente Activa (PEA) se ubica en el sector de la informalidad.
Del dato total de la PEA, que asciende a 6 millones 605 mil 276, un 64.8 por ciento son hombres y un 35.2 son mujeres. De estos solo 2 millones 137 mil 359 se ubican en el sector formal, el restante 69.8 por ciento en informalidad conforma el sector.
Los resultados de la ENEI 1-2016 apuntan a que el 69.8% de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el sector informal de la economía. De ello sobresale el dominio rural nacional, en el que ocho de cada diez trabajadores están ocupados en dicho sector.
Por otro lado, el estudio realizado por el INE señala que si bien la informalidad es una condición presente en la población en general, se manifiesta más entre mujeres, y también en la población indígena ya que este último grupo ocupa a ocho de cada diez personas, quienes carecen de seguridad social.
CASI 10 MIL PERSONAS HAN SIDO DEPORTADAS DURANTE LOS DOS PRIMEROS MESES
La Dirección General de Migración (DGM) reporta 4,460 guatemaltecos deportados por vía terrestre desde México hasta el 20 de febrero de este año, aunque la cifra comparada con 2016 significa una disminución de 3,528.
Por vía aérea, las deportaciones llegaron a 5,552, y ello representa un aumento si se comparan los datos con los presentados el año pasado, es decir en los primeros dos meses del año cerca de 10 mil personas han sido deportadas.
TEMOR POR NUEVAS MEDIDAS MIGRATORIAS EN EE. UU.
Mientras eso sucede, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impulsó recientemente a través del Departamento de Seguridad una serie de medidas de endurecimiento migratorio que podrían significar un aumento significativo de deportaciones.
El consultor migratorio Fernando Castro considera que con las nuevas directrices ningún migrante estaría exento de ser detenido y deportado, aunque aseguró que la prioridad principal seguiría siendo aquellos que hayan tenido problemas criminales o migratorios, o que representen un peligro para la seguridad nacional.
El entrevistado dijo que esta nueva medida no afectaría a los inmigrantes que están protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), por lo que continuarán de manera temporal amparados de una posible deportación.
A decir del consultor, el objetivo de los memorandos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos consiste en reforzar el cumplimiento de la ley de inmigración, y con ello se ampliarían los blancos de detenciones y se agilizarían procesos de deportaciones de indocumentados.
“Guatemala tiene unos grandes rezagos en materia de infraestructura, porque debiera de estarse invirtiendo, la CEPAL recomienda un 5 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, en infraestructura para mantenernos competitivos”.
LUIS LINARES –ASIES-“En términos reales, ni el sector público ni el sector privado tienen la capacidad de generar empleos masivos para atender los trabajadores que vengan deportados”.
CARLOS MARTÍNEZ –ANALISTA INDEPENDIENTE-Se requiere refrescar el modelo de desarrollo, este es un modelo –el actual- de desarrollo que por características ha fracasado, y solamente es útil para quienes se privilegian del mismo.
JORGE SANTOS
