El Interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd, aseguró que contrario a los señalamientos que se hacen en su contra por haber considerado el inicio de operaciones de la estructura portuaria, su decisión está dentro del marco de la ley.
«No tengo ningún comentario, he marcado mi conducta dentro de la ley y lo ha señalado el juez y la Fiscal General», respondió Aizenstatd al ser cuestionado sobre la denuncia penal que presentarían diputados del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en su contra.
Aizenstatd enfatizó en que su cargo se limita a decisiones técnicas, en tanto en torno a este caso existen asuntos políticos que inciden. El interventor aseguró que muchos diputados han pedido reunirse con él, pero que ha rechazado en varias ocasiones estas peticiones. Sobre esto, no quiso brindar detalles del nombre de los interesados en sostener reuniones con él.
«La gente que quiere hacer política que haga política, me interesa hacer mi trabajo y cumplir con la ley», indicó.
NO NECESITA AVAL
Previo a que TCQ empezara formalmente a operar, diputados y funcionarios de la Contraloría General de Cuentas (CGC) manifestaron su preocupación, pues no consideraron oportuno el inicio de operaciones, cuando no se han aclarado responsabilidades penales en la firma del contrato que dio vida al proyecto.
No obstante, desde el recién pasado fin de semana, la Terminal empezó a operar, con la llegada del primer buque cargado de contenedores.
«No me queda claro qué aval debe dar la CGC, además no he recibido comunicación de parte del contralor, no tiene autoridad sobre una empresa privada ni el Congreso tiene facultad para autorizar el inicio de operaciones de una empresa privada», comentó el interventor.
