POR MARIELA CASTAÑÓN
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al exviceministro Administrativo de Gobernación, Manfredo Pacheco y al exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Walter Vásquez, por presuntamente suscribir anómalamente cinco contratos para el arrendamiento de 47 vehículos blindados que en total ascendían a más de Q32 millones. Según el Ministerio Público (MP), en este caso también están involucrados el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el exdirector de Presidios, Anthony Pivaral.

La Fiscalía contra la Corrupción del MP informó que las diligencias se realizaron en Carretera a El Salvador y en San Miguel Petapa.

De acuerdo con Estuardo Campos, fiscal a cargo de la investigación, las pesquisas determinaron que los ex funcionarios suscribieron cinco contratos para el arrendamiento de 47 vehículos blindados para el Mingob, la PNC y el Sistema Penitenciario (SP).

Campos dijo que se utilizó un procedimiento por excepción cuando lo que correspondía era realizar un evento de licitación pública, “es una modalidad que en este caso resulta ilegal”, argumentó.

Según el MP, el monto de los cinco contratos ascendió a Q32 millones 700 mil 491.09 y ocurrió en 2014 y 2015.

El ente investigador utilizó como argumento legal el Artículo 17 de la Ley de Contrataciones del Estado, Monto: Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de las cantidades establecidas en el artículo 38, la compra o contratación deberá hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de excepción que indica la presente ley, en el Capítulo III del Título III. Si no excede de dicha suma, se sujetará a los requisitos de cotización o a los de compra directa, conforme se establece en esta ley y en su reglamento. También argumenta su criterio, en el artículo 44 de la misma normativa, Casos de excepción.

EXMINISTRO DE GOBERNACIÓN Y EXDIRECTOR DEL SP IMPLICADOS

Por este caso, también fue notificado para rendir su primera declaración el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla.

En tanto, se planteó una solicitud de antejuicio en contra del exdirector de Presidios, Anthony Pivaral, quien actualmente ostenta el cargo como Juez de Paz, del Juzgado de Paz Penal de Conocimiento a Prevención de Delitos de Narcotráfico, Defraudación y Contrabando Aduanero, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas del municipio de Ayutla, San Marcos.

La sindicación en contra de los detenidos es por abuso de autoridad, explicó el fiscal Campos.

PROCESO DE ANTEJUICIO

La Hora consultó al portavoz del Organismo Judicial (OJ), Ángel Pineda, para conocer cuál es el procedimiento a seguir en el caso del antejuicio de Pivaral. Pineda explicó que la denuncia se presenta en Gestión Penal y esta instancia asigna a un juzgado específico. La judicatura visualiza que se trata de un funcionario público que goza de antejuicio, manda a pedir la certificación al Consejo de Carrera Judicial, cuando le notifican que es funcionario de la Carrera Judicial se inhibe de conocer y envía el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Cuando se admite el expediente, se nombra juez pesquisidor, en tanto es la CSJ la que toma la decisión definitiva de esta solicitud.

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