Por Douglas Gámez
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Un papel fiscalizador activo por parte de la ciudadanía es necesario en estos momentos para conseguir la depuración del Estado, consideran analistas consultados.
Según los académicos entrevistados, la coyuntura del país favorece la organización ciudadana debido al ambiente político de inconformidad con el sistema, generado en los últimos dos años y agudizado por los supuestos casos de tráfico de influencias en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fueron revelados la semana pasada
El consultor independiente Ricardo Barreno explicó que los guatemaltecos poseen una “agenda primaria” para concretar las manifestaciones ciudadanas del 2015 contra la corrupción.
“Ya no tenemos manifestaciones, pero surgieron sectores que están participando en mesas técnicas y vigilando el actuar de los funcionarios. Lo más importante es su capacidad propositiva”, explicó Barreno.
A decir del entrevistado, el sistema democrático de Guatemala limita la participación ciudadana al proceso electoral y, al referirse a la agenda primaria, insta a la articulación de esfuerzos para presionar al Congreso de la República para la aprobación de normativas específicas.
“Este año ya tenemos una agenda de acción: el Congreso debe aprobar de entrada las reformas constitucionales, pero también la ley de aguas y la segunda generación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos”, explicó.
Jorge Wong, del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos, lamentó que el sistema democrático de Guatemala esté cooptado y no exista voluntad para emprender un verdadero proceso de depuración.
“También debemos empezar a visualizar el futuro; el ciudadano debe pedir la renuncia de las cabezas, pero vigilar que las personas que le sustituyan sean las adecuadas o tendremos cambios sin cambiar”, mencionó.
En los últimos días, diferentes sectores de la sociedad civil exigieron la depuración de la CSJ, luego de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) señalaran a los magistrados Blanca Stalling y Eddy Orellana Donis de participar en dos casos distintos de corrupción.
