POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen programado en agenda conocer en sesión plenaria diez antejuicios en contra de varios diputados del Congreso de la República, jueces y una ministra. En tanto, activistas señalan un retraso significativo en el trámite de las solicitudes para retirar la inmunidad a diputados y funcionarios.
De acuerdo a la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ, el pleno de magistrados conocerá hoy los antejuicios planteados en contra de los diputados Arístides Crespo, Manuel García Chutá, Carlos Enrique López, César Emilio Fajardo y Eduardo Ramiro de Matta.
Así también, la Cámara informó que en el caso del antejuicio planteado en contra del diputado Amílcar Pop ya únicamente se dará a conocer la resolución final.
Los magistrados también examinarán la solicitud para retirar la inmunidad a la ministra de Trabajo y Previsión Social, Aura Leticia Teleguario Sincal.
Además, serán conocidos en sesión plenaria los antejuicios de Alex Antolín Morales, juez de Paz suplente; Gladys Cristina García, jueza de Paz de Totonicapán y Marco Tulio Pérez, juez Segundo de Trabajo y Previsión Social, según la agenda de la Cámara.
VEN RETRASO EN TRÁMITES DE ANTEJUICIO
Álvaro Montenegro, representante del colectivo Justicia Ya, dijo que hay antejuicios que ya llevan varios meses de retraso, lo que demuestra la falta de voluntad política de la actual CSJ para agilizar el trámite de las denuncias.
“Lo único que ellos –los magistrados– tienen que decir es si hay contenido espurio o político en el trasfondo de estos antejuicios. Entonces deberían hacerlo de una manera más ágil, tomando en cuenta que muchos de los antejuicios ya llevan ocho meses de retraso, lo que devela cómo la CSJ no ha tenido una voluntad para impartir justicia pronta”, señaló Montenegro.
Por su parte, Mynor Alonzo, integrante de Usac Es Pueblo, aseguró que las decisiones que tomen los magistrados en torno a los antejuicios servirá como una medición para determinar la objetividad de la Corte.
“Los antejuicios, más allá de ser algo dictado, es una medición de cuál es la voluntad de la Corte para estar apegada a derecho o no”, indicó.
VEN CRIMINALIZACIÓN EN CASO DE POP
Jorge Santos, de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), aseguró que en el caso del diputado Amílcar Pop, el trámite del antejuicio ha avanzado con más prontitud que los otros planteados por corrupción, lo que demuestra una criminalización del parlamentario por su defensa de los derechos humanos.
“Se evidencia cómo el sistema de justicia tiene dos velocidades distintas: una muy rápida y acelerada en contra de quienes defienden DDHH, y otra muy lenta contra quienes cometan violaciones a los DDHH o actos de corrupción”, señaló Santos.
