POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
La Fiscalía contra la Corrupción ha cambiado de jefatura tres veces en dos años sin que su labor dé frutos visibles para la población. En los últimos meses se hicieron públicos tres casos de mediano impacto, pero las denuncias de actos de corrupción contra altos funcionarios de los tres poderes del Estado, presentadas en gobiernos pasados o el actual, continúan sin ver la luz.
Estuardo Campo, nombrado jefe de la sección del Ministerio Público (MP) en septiembre, habla acerca del retraso en la diligencia de dichos casos, los obstáculos para la investigación de la corrupción y el crecimiento de la Fiscalía.
La Hora: Últimamente la Fiscalía contra la Corrupción ha revelado varias anomalías en instituciones del Estado en las que se ven envueltos funcionarios o empleados públicos; sin embargo, esto contrasta con la actitud pasiva que ha mostrado siempre, ¿qué cambió para que esto fuera posible?
Estuardo Campo. Yo llegué a la Fiscalía el 7 de septiembre y la encontré con un número de expedientes que es bastante aceptable en relación a otras fiscalías. Definitivamente, encontramos algunos inconvenientes y muchísima mora en cuanto al diligenciamiento de algunos casos que son muy antiguos. Las primeras instrucciones que di fue revisar esa mora de expedientes de años anteriores y que, por una u otra razón, no se les ha dado una salida legal en el menor tiempo posible como corresponde.
Investigar actos de corrupción no es fácil, deben recabarse informes de auditorías y una serie de documentos que deben analizarse para poder ser interpretados. En los fenómenos de corrupción toma su tiempo poder recabar la información y arribar a una conclusión. En el caso de los exámenes especiales de auditoría que se requieren a la Contraloría General de Cuentas (CGC), no es fácil ni rápido obtenerlos, toma su tiempo. Lo que yo pido a los compañeros es ser dinámicos y proactivos.
L.H. La Fiscalía ha revelado casos de corrupción recientes, pero hay otros, más antiguos, que permanecen en la impunidad. Uno de estos es la deuda flotante en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que data de 2011, ¿por qué en este caso aún no se han visto resultados?
E.C. Pueden existir muchos factores: que nuestras investigaciones son muy voluminosas y, a veces, se requiere un informe especial a la CGC sobre algún aspecto en particular, pero la carga laboral de algunas instituciones hace que a veces se retarde el proceso administrativo; en otras ocasiones, cuando los auditores comparecen a las instituciones, no se les proporciona colaboración necesaria para complementar el cúmulo de documentos que necesitan para su análisis, entonces acuden al MP y reportan que en las instituciones no han obtenido colaboración.
Sin embargo, yo instruí a fiscales para emplazar a contralores que tengan pendiente rendir informes ante el MP para poder recabar medios de investigación en menor tiempo posible. No es viable que una auditoría que haya iniciado en 2014 aún no se tenga resultados hasta la presente fecha.
L.H. ¿La solicitud de informes de auditoría a la CGC tiende a obstaculizar el diligenciamiento de algunos casos?
E.C. La Fiscalía y la CGC trabajan de la mano en muchas investigaciones. Por lo que he percibido, los informes de auditoría sí tardan un poco en ser presentados. Habrá razones a lo interno de la CGC que desconozco, y por lo tanto no puedo pronunciarme porque ignoro las razones por las que se retrasan más de la cuenta los informes. Los auxiliares fiscales me han reportado que uno de los principales obstáculos para darle mayor agilidad a la persecución penal es el retraso en cuanto a la recepción de los informes por parte de la CGC, pero no es en todos los casos.
L.H. La Fiscalía trabaja en gran medida con base en denuncias planteadas por la CGC, pero estas se limitan a asuntos administrativos a lo interno de las instituciones públicas ¿qué pasa con la corrupción que involucra a la empresa privada?
E.C. La CGC puede coadyuvar con investigaciones al emitir informes, o bien, puede promover la persecución penal a través de la denuncia; pero no únicamente los informes provenientes de la CGC conforman el material probatorio que debe haber en nuestros expedientes. Los agentes y auxiliares fiscales deben recabar documentación en diferentes instituciones públicas y privadas, se puede acudir a la utilización de métodos especiales de investigación y se puede pedir autorización judicial para requerir información bancaria. Por ejemplo, análisis financieros realizados por la Dirección de Análisis Criminal (DAC).
L.H. Anteriormente, la Fiscalía no contaba con una unidad fortalecida de auditores forenses que permitiera detectar casos de delitos contra el patrimonio del Estado, ¿sigue siendo esto una limitante en las investigaciones?
E.C. La actual administración de la señora Fiscal General ha fortalecido la Dirección de Análisis Criminal (DAC), la cual cuenta con un cuerpo de auditores que se dedican a desarrollar los análisis contables y financieros que le solicitan las fiscalías. Como en todas las instituciones, hay una gran saturación de trabajo, las denuncias se han incrementado considerablemente. En 2015 hubo un resurgimiento de movimientos ciudadanos que han originado que la credibilidad del MP se haya elevado. La población ahora denuncia más, y la carga laboral es más grande, entonces nosotros cuando necesitamos realizar análisis contables-financieros acudimos ante la DAC, y ha cumplido nuestras expectativas y las de otras fiscalías.
L.H. Otros jefes de la Fiscalía contra la Corrupción han señalado que el derecho a antejuicio es una limitante para la investigación en contra de altos funcionarios ¿Ha significado un obstáculo para usted?
E.C. Dentro del Código Procesal Penal el antejuicio se encuentra dentro de una sección que se llama obstáculos a la persecución penal, la naturaleza del antejuicio es precisamente esa, blindar al funcionario público que goce de esta inmunidad para que no pueda ser detenido ni procesado penalmente ante la comisión de un hecho delictivo. Pero la figura del antejuicio no debe limitar al MP en realizar una investigación en contra de un funcionario por el simple hecho de que éste goce de inmunidad. El MP tiene todas las facultades legales para realizar una investigación de forma preliminar porque, en caso contrario, no va a existir forma alguna de que pueda plantearse o promoverse diligencias de antejuicio en contra de funcionarios, tal como se hizo el año pasado con el Presidente de la República. No podemos como fiscalía afirmar que el antejuicio viene a impedir una investigación porque no comparto ese criterio.
L.H. Los fideicomisos públicos, utilizados principalmente por municipalidades, ¿representan algún obstáculo para las labores de investigación?
E.C. Sí, porque son figuras de índole eminentemente civil que en un momento determinado resultan más complejas de ser investigadas. Y no es una figura que haya sido utilizada para hacer cosas buenas en el pasado; se ha utilizado como un mecanismo para trasladar fondos y que éstos sean administrados por terceras personas, a veces fondos públicos. Esta situación dificulta definitivamente las labores de investigación. Hay entidades del Estado que han llegado a aportar grandes cantidades de dinero a fideicomisos para que sean administradas por entidades financieras.
L.H. ¿Qué otros obstáculos deben enfrentar para realizar su labor?
E.C. La Fiscalía se ha fortalecido, el apoyo de nuestras autoridades internas es muy grande. Los próximos días aperturaremos dos agencias fiscales nuevas. Podría decirle que en cuanto a recursos tenemos el apoyo necesario de parte del despacho de la señora fiscal y existe voluntad de fortalecer la fiscalía y dotarla para su adecuado funcionamiento.
L.H. En dos años ha cambiado tres veces la jefatura de la Fiscalía contra la Corrupción ¿Por qué?
E.C. En las instituciones los cambios y las rotaciones, sobre todo en puestos de jefatura, son normales y saludables. Existen otras fiscalías donde los jefes de las mismas ya tienen muchísimo más tiempo de estar al frente de dependencias; sin embargo, hay que considerar que la necesidad de la institución puede orientar a reubicar a una persona en otra sección, ya sea por experiencia o conocimiento. La institución funciona bajo el principio de jerarquía y obedece a las instrucciones, y un traslado es una facultad que tiene el despacho de la Fiscal General.
L.H. ¿Recibe la Fiscalía contra la Corrupción apoyo de la CICIG que permita el traslado de capacidades, como sucedió con la Fiscalía de Trata, por ejemplo?
E.C. Sí, el acompañamiento de CICIG es importante porque ellos cuentan con recursos en materia de investigación que el MP no tiene, así como personal altamente calificado. Evidentemente ellos han compartido sus capacidades con el MP. Pero debe entenderse que la fiscalía específica que labora conjuntamente con CICIG es la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
L.H. Muchos casos a cargo de la FECI, por los actores involucrados y los delitos que se juzgan, podrían ser conocidos por la Fiscalía contra la Corrupción, ¿por qué no se asignan a esta sección?
E.C. La mayor parte de denuncias por actos de corrupción ingresan siempre por esta Fiscalía. En un momento determinado, FECI, conjuntamente con CICIG, pudiesen tener otras líneas de investigación en relación a los funcionarios o empleados públicos que en el ejercicio de sus cargos cometan alguna ilegalidad. De esa cuenta, las líneas de investigación que pueda tener FECI son distintas a las que tenga la Fiscalía contra la Corrupción.
L.H. Generalmente, en los casos de corrupción que revela la Fiscalía, se sindica a mandos bajos o medios de las instituciones, ¿por qué no se investiga a los mandos altos?
E.C. En algunos casos no se logra determinar la responsabilidad, pero tengo la plena confianza de que la Fiscalía va a presentar casos donde las personas implicadas van a ser altos funcionarios que en algún momento han incurrido en alguna ilegalidad en el ejercicio de sus puestos.
L.H. ¿Existen investigaciones que involucren a funcionarios de los tres poderes del Estado?
E.C. Definitivamente. Nosotros recibimos denuncias en contra de altos funcionarios del Organismo Ejecutivo, de directores, subdirectores, ministros y exministros; también en contra de exdiputados o diputados del Congreso, y hemos recibido denuncias en contra de jueces y magistrados. Tenemos, realmente, una gran cantidad de denuncias en contra de diversos funcionarios.
L.H. En cuanto a las municipalidades, ¿hay investigaciones que las involucren?
E.C. Las municipalidades son un referente muy amplio que la Fiscalía contra la Corrupción se encuentra investigando. Recibimos denuncias de toda la República en cuanto a actos de corrupción que se han presentado en las municipalidades y, definitivamente, el volumen de estos casos es bastante grande en relación al número total de expedientes que se tienen en fiscalía. Todos estos son temas que a diario conocemos a través de denuncias ciudadanas o a través de la CGC, donde los implicados son funcionarios de las diferentes corporaciones municipales.
L.H. Un buen trabajo de la Fiscalía contra la Corrupción representaría un peligro a los intereses de grupos criminales paralelos al Estado. ¿Ha existido algún tipo de presión política o de cualquiera otra índole sobre el trabajo que se realiza?
E.C. En ningún momento. Durante todo el tiempo que tengo de trabajar en el MP, jamás he recibido ningún tipo de presión de parte de ningún sector ni de ninguna autoridad. La política de la señora Fiscal es dotar de plena independencia a los fiscales y ni de parte de ella ni de ningún otro funcionario del MP ni persona externa a la institución existe presión sobre esta Fiscalía. Tampoco estaría yo dispuesto a ser objeto de presiones, en el momento en el que esto ocurriese yo lo haría del conocimiento de nuestras autoridades y de la población a través de las denuncias respectivas. Nuestro trabajo es independiente y nuestro compromiso es con el pueblo de Guatemala.
