Por Joseline Ayala
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Después de haber discutido el proyecto del Presupuesto y aprobar un aumento de 320 millones de quetzales para el otro año, el Congreso de la República incrementó las asignaciones para el sector justicia en un 26%, como la Comisión de Finanzas había dictaminado. El Presupuesto aprobado es de Q77 mil 309.5 millones.
El aumento de 320 millones de quetzales está comprendido en dos rubros, uno de 300 millones para el Ministerio de Energía y Minas (MEM) que serán utilizados para garantizar el pago del subsidio de la tarifa social de energía.
Los otros 20 millones de quetzales serán utilizados para el Programa Del Adulto Mayor que ejecutará el Ministerio de Trabajo.
A pesar de no realizar cambios en otros rubros y de acuerdo al presupuesto elaborado y solicitado por las entidades del Estado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) tuvo un incremento de mil 365 millones de quetzales en comparación a lo asignado en el 2016.
INCREMENTO FAVORABLE
Las instituciones encargadas de impartir justicia obtuvieron el aumento que la comisión de finanzas propuso y el Congreso redujo su presupuesto. Entre las entidades beneficiadas destacan el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
El integrante de la Junta Directiva y miembro de la Comisión de Finanzas, Carlos Barreda, interpretó lo sucedido ayer y dijo que al final de todos los desacuerdos se «logró» el objetivo.
Casas dejarán de funcionar
Alrededor de mil guatemaltecos mayores de edad que están en las casas hogares Dulce Refugio serán entregados hoy a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), luego que ayer no se aprobara en el pleno del Congreso una asignación presupuestaria para el funcionamiento y la atención de los adultos.
Nevi Larios, representante de los restantes 10 centros de los 13 que están distribuidos en el país, dijo que a partir de hoy los hogares dejarán de funcionar debido a que se necesitaban unos 25 millones de quetzales para atender a los ancianos con comida, atención, medicamentos y ropa, estos estuvieron asentados por al menos dos semanas frente a las instalaciones del Congreso exigiendo atención de sus necesidades.
