Por Joseline Ayala
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El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Ronald Arango, presentó la iniciativa de Reforma a la Ley de Libre Acceso a la Información como parte del compromiso de Gobierno abierto en donde se incrementarían las sanciones a las instituciones que se nieguen a atender las solicitudes de información.
“Creemos que es importante que sea fortalecida para que la población tenga acceso a toda la información y pueda fiscalizar como se merece y se debe al Estado de Guatemala”, dijo Arango.
Los cambios serán que las instituciones aceleren el proceso, fortalecer la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) como entidad reguladora y de manera económica con 10 millones de quetzales para que pueda fiscalizar.
“También estamos regulando la entrega de la información para que el Estado garantice facilitar la información de manera gratuita de 1 a 50 páginas, pero luego de eso que las personas paguen el costo adicional, ya que el Estado no puede invertir en los gastos de solicitudes muy grandes”, aseguró Arango.
Además se incrementaría la pena para las personas que retengan información, de 3 a 6 años de prisión y una multa económica que va de 50 hasta 75 mil quetzales. El legislador dijo que el Estado hasta el momento “tiene muchas debilidades” en cumplir con esta ley.
