POR KIMBERLY LÓPEZ
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En menos de un mes el Congreso debe aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de Estado para el próximo año; sin embargo, hasta ahora diputados han rechazado el planteamiento del Ejecutivo, pero no existe aún una propuesta concreta de parte del Legislativo. Según analistas, el retraso tiene que ver con las negociaciones que se efectúan en torno a esta decisión y no con la realización de un análisis profundo orientado a una discusión de Estado.
El ministerio de Finanzas (Minfin) planteó un techo presupuestario de Q79 mil 830 millones para 2017. Para financiar dicho presupuesto, el Minfin proyectó una recaudación cercana a los Q58 mil millones y estima un endeudamiento de Q11 mil millones. En vista de que a algunos diputados no les parece esta propuesta, deberán plantear una nueva opción y aprobarla a más tardar el 30 de noviembre, según indica la ley.
NEGOCIACIONES
A menos de un mes, aún no se plantea una propuesta sobre este asunto. Sin embargo, Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que es común que todos los años esta decisión se posponga hasta el último momento, pues es resultado de las negociaciones políticas.
Más que el retraso en las discusiones, lo que Maúl cuestiona es que se hable mucho de la aprobación de montos, pero se deje de lado la planificación para el uso de los recursos en cada una de las carteras. A decir del experto, esta es una discusión mucho más importante y técnica, pero obviada por los congresistas.
“Se habla poco de la planificación y la capacidad que tiene el gobierno de gastar bien y alcanzar resultados valiosos para la población, a discusión de dinero no es lo importante de cara a dar más beneficios a la población”, explica.
Para el experto, mucho de lo que las carteras proponen son proyectos desacordes a los objetivos y políticas de Estado.
INTERESES ESPURIOS
En esa línea opina el politólogo de la Universidad Rafael Landívar, Renzo Rosal. Según indica el entrevistado, usualmente la aprobación del presupuesto está amarrada a la decisión de la Junta Directiva.
“Es por eso que otra vez caemos en que las negociaciones se dan horas antes de que venza el plazo, pero el dejarlo a último momento tiene la intención de forzar las negociaciones”, apunta.
Según explica, las negociaciones a nivel político son válidas, pero en este caso giran en torno a intereses muchas veces espurios y no en torno al beneficio colectivo.
“El afectado de siempre es la población, las negociaciones si bien son válidas no toman en cuenta los intereses de la gente, sino que son negociaciones que no tienen una discusión de Estado y políticas públicas”, lamenta.
Incluso, asegura, muchas veces no se trata solamente de intereses personales sino sectoriales, mientras “el gran perdedor es la ciudadanía que sigue esperando acciones para resolver los problemas de pobreza y marginación, por ejemplo”.
Rosal, al igual que Maúl, ve superficiales las discusiones que los congresistas hacen en cuanto al destino de los recursos que asignan a carteras como Salud, Educación, Desarrollo Social, Agricultura y Gobernación.
“No responde a una discusión de comparar indicadores de pobreza, cobertura de servicios, sino que se queda en una disputa de negociaciones muchas veces espurias”, insiste.
