POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El expresidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Sergio Aníbal Hernández Lemus, escuchó esta mañana la imputación del Ministerio Público (MP), quien lo señala de actuar coordinadamente con otros directivos para sustraer ilegalmente fondos de la entidad financiera para saciar sus intereses económicos.
En la audiencia de primera declaración, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP señaló al exdirectivo de participar en la adquisición anómala de diez bienes inmuebles, los cuales formaban parte de los activos de extraordinarios del Bantrab.
Dichas propiedades fueron adquiridas por un monto aproximado de Q4 millones, cuando el precio base, según las pesquisas, ronda los Q8 millones 800 mil.
La Fiscalía expuso que para la adquisición se presentó un anticipo de compra por Q2 millones 300 mil, dinero que fue sustraído del propio banco.
“El banco, el resto de accionistas y Estado de Guatemala resultaron perjudicados patrimonialmente, puesto que las diez propiedades relacionadas fueron pagadas a un precio mucho menor al de su evalúo y con el agregado de que el dinero utilizado fue sustraído del propio banco”, imputó el MP.
Por tal razón, se le sindicó a Hernández Lemus de los delitos de asociación ilícita y peculado.
Nombramiento
El sindicado fue nombrado como presidente de la Junta Directiva del Bantrab mediante un acuerdo suscrito por el expresidente de la República, Álvaro Colom Caballeros, en julio de 2009, por un período de cuatro años.
En su calidad de funcionario público como presidente de la entidad, la cual posee economía mixta, pública y privada, Hernández Lemus adquirió un poder político, dentro y fuera de la institución bancaria, por lo que es civil, administrativa y penalmente responsable de las acciones u omisiones en las que incurrió en el ejercicio de su cargo, dijo la fiscal a cargo.
“El Banco de los Trabajadores tiene por objeto social promover el bienestar de los trabajadores mediante la procura y el fomento de su ahorro, tanto como de su satisfacción de necesidades económicas mediante acceso a crédito. No a saciar sus particulares intereses económicos”, adujo el ente investigador.
Según la imputación, el Estado guatemalteco tiene participación accionaria en Bantrab por un valor de 500 mil quetzales. Los mismos fueron entregados a la institución financiera en mayo de 1969, sin que a la fecha se haya recibido rendimientos o dividendos.
En este caso son seis personas involucradas, a quienes se les sindica de conformar una estructura dedicada al saqueo ilegal de las arcas de la entidad financiera. El caso se conoce en el Juzgado Décimo de Instancia Penal.
