POR KIMBERLY LÓPEZ
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Actualmente existe un aproximado de 490 asentamientos a nivel nacional, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). A decir de analistas, la vulnerabilidad en la que se encuentran las miles de familias que habitan estas zonas refleja la necesidad de tomar medidas en cuanto al ordenamiento territorial y atención a población en pobreza.
La Municipalidad de Guatemala registra que solo en el área del municipio de Guatemala hay 280 asentamientos, todos estos son catalogados en riesgo debido a la inclinación del suelo y a las condiciones con las que se construye.
A decir de la analista Amanda Morán, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), Guatemala es un país en donde no existe una política de vivienda social para quienes habitan en condiciones de pobreza, y se ven en la necesidad de establecerse en este tipo de áreas en riesgo.
Morán destaca que hay una responsabilidad del Estado en el hecho de que estas áreas estén en alto riesgo pues debería implementarse un plan de ordenamiento territorial y planificación urbana a nivel nacional.
«Ante la falta de vivienda social, tanto por el Estado como el sector privado, la gente tiene que solucionar su problema de vivienda a través de zonas en riesgo y ocupan estos sitios porque son desvalorizados en el mercado y no son habitables», lamenta la analista.
En esa línea, Morán agrega que mucho de esto tiene que ver con la debilidad del Estado que no propone soluciones, de tal forma que los planes se quedan solo en la teoría, pero no se llevan a la práctica.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
La existencia de numerosos asentamientos, tanto dentro de la ciudad capital como a nivel nacional, es un fenómeno vinculado no solo a la pobreza, sino a un Estado que ha excluido a importantes grupos de población en el país y que los mantiene en la marginalidad, explica Jorge Santos, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, (CIIDH).
Santos asegura que la pobreza es uno de los fenómenos vinculados a los asentamientos pues «condiciona a las personas a que no puedan agenciarse de una vivienda en condiciones dignas».
El analista cuestiona el hecho de que no existen políticas para desarrollar a los lugares en condiciones de pobreza ni políticas públicas de ordenamiento territorial, de planificación urbana que permita el asentamiento de nuevas poblaciones. Asimismo, califica de «escasa» la inversión que se ha hecho para buscar una solución a dicho problema.
«El gran responsable de esto sigue siendo el Estado guatemalteco en la medida en que no invierte en una política de vivienda, ni garantizar el derecho a una vivienda digna», concluye.
