POR SAIRA RAMOS
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El diputado Ronald Arango como presidente de la Comisión de Derechos Humanos presentó a la Dirección Legislativa una iniciativa de ley que reforma el artículo 64 de la Ley de Libre Acceso a la Información la cual busca penalizar a las empresas que se dedican a recopilar datos personales sin la autorización para luego comercializarla
Las penas para las empresas en que incurran en estas prácticas son de cinco a ocho años de prisión y una multa de Q50 mil a Q100 mil, así como el decomiso de los objetos e instrumentos del delito. La pena se aumentará en una tercera parte si la información personal obtenida no tiene autorización alguna.
El objetivo de la reforma según Arango, es que no se criminalice a los deudores o morosos, y frenar a todas las empresas, actualmente hay cinco registradas, que se enriquecen a costa de la situación económica de la población condenando a las personas a no poder optar a un empleo o acceder a un crédito financiero.
“Es contradictorio que la SAT y MP no puedan tener acceso a información bancaria con el pretexto del secreto bancario, pero las empresas que sistematizan datos para venderlos sí tengan acceso a todo, esto lleva a preguntarse dónde está el secreto bancario”, refiere el contexto de la iniciativa de ley.
