POR: KATERIN CHUMIL
kchumil@lahora.com.gt

Al menos 20 personas continúan prófugas de la justicia en el Caso Cooptación del Estado, en el que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) señalan al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti de liderar un complejo entramado de corrupción.

Desde el pasado 15 de abril, cuando trascendió el Caso Cooptación, las autoridades capturaron a decenas de exfuncionarios, empresarios y particulares supuestamente envueltos en el financimiento ilegal del Partido Patriota y la posterior cooptación de instituciones públicas con actos de corrupción.

En el listado de prófugos hay empresarios, exfuncionarios públicos, testaferros y representantes de empresas de cartón. Según las pesquisas, estas personas son señaladas de haber cooperado con una de las estructuras criminales que lideraron los exmandarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

El juez emitió estas explicaciones después de que los abogados de la defensa presentaron sus argumentos, que coincidieron en cuestionar la solidez de la investigación del MP y el testimonio de Monzón. El juez Miguel Ángel Gálvez aclaró recientemente que el Caso Cooptación del Estado es el mismo expediente del Caso TCQ y La Cooperacha, por lo tanto se sumarían 20 personas prófugas.

El Caso continúa su curso judicial, pero aún existen órdenes de captura por ejecutar, el juez continúa emitiendo explicaciones para ligar a proceso o no, a 57 personas implicadas, después de que los abogados de la defensa presentaron sus argumentos, coincidieron en cuestionar la solidez de la investigación del MP y el testimonio de Monzón.

EL PROCESO
De acuerdo con el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti lideraron una estructura de corrupción que cooptó el Estado de 2012 a 2015.

Para lograrlo, se asociaron con funcionarios, empresarios, particulares y se valieron de mecanismos de financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero y sobornos para enriquecerse de forma ilícita a costa de los recursos públicos.


PRÓFUGOS

1. Vivian Soraya Urízar Estrada, representante legal de Galú Inversiones.
2. Carlos Raúl Ruiz Vásquez, representante de Proyectos e Importaciones de Guatemala S.A.
3. Jurg Widmer Probst, propietario de Grupo Interport.
4. Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González.
5. Carlos Gabriel Guerra Villeda, dueño de Constructora del Atlántico.
6. Eduardo Cristhian Klester Morán, representante legal de Televisiete.
7. Enrique Castellanos Rojas, exgerente general de Claro.
8. Sergio Roberto Arévalo Valladares, vinculado a Alimentos Nutricionales de Centro América S.A.
9. Raúl Osoy Penados, dueño de Topsa Construcciones e Inversiones y de Inversiones Alliance.
10. Allan Herbert Marroquín Castillo, exinterventor de Puerto Quetzal.
11. Eduardo Villacorta, ejecutivo de GoldCorp.
12. Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones.
13. Erick Archila Dehesa, exministro de Energía y Minas.
14. William Anthony Schwank López, supuesto operador de la estructura.
15. Jorge David Balcárcel Quintanilla, supuesto testaferro.
16. Edi Orlando Morales Molina.
17. Alfonso España.
18. Guillermo Abraham Lozano Bauer, administrador de TCQ.
19. Ángel Pérez-Maura, representante de TCQ.
20. Mauricio José Garín, negociador del Contrato TCQ.

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