Fuentes del sector justicia informaron a La Hora sobre un plan en el Congreso para exonerar de responsabilidad penal a los diputados y funcionarios involucrados en las anómalas contrataciones y asignaciones de salarios en el Organismo Legislativo.
POR REDACCIÓN LA HORA
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En el marco de las reformas a la Ley del Servicio Civil del Congreso, se pretende plantear una reforma del artículo 100 para librar de culpa a los responsables de las anomalías recientemente descubiertas en el Organismo Legislativo.
Según las fuentes, que pidieron el anonimato, hay un acuerdo que involucra a varias bancadas legislativas que estarían interesadas en la regulación, ya que los diputados y funcionarios envueltos en casos de corrupción pertenecen a diferentes grupos.
PROCESOS PENALES
A finales de mayo pasado, el juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, encontró suficientes indicios para ligar a proceso a los exdiputados Edgar Romeo Cristiani Calderón, Alfredo Augusto Rabbé Tejeda, Carlos Humberto Herrera Quezada y el exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras, por su participación en la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso de la.
Además, el Ministerio Público presentó la solicitud de levantar la inmunidad a los diputados Julio César López Villatoro, Selvin Boanerges García Velásquez, César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chutá y Carlos Enrique López Girón, para que sean investigados por abuso de autoridad y peculado por sustracción.
También se pidió levantar la inmunidad de los diputados Luis Armando Rabbé Tejeda y Arístides Crespo Villegas, señalados de abuso de autoridad y peculado por sustracción, y por nombramientos ilegales.
Una investigación desarrollada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estableció que los miembros de la Junta Directiva del Congreso den el período 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales.
Por otro lado, en noviembre pasado, el juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulu, ligó a proceso y envió a prisión preventiva al exdiputado y expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi Menéndez, por su presunta participación en la red de plazas fantasma que operaba en dicho organismo.
El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal condenó el día el 7 de junio de manera unánime a Claudia María Bolaños Morales y a José Estuardo Blanco Aguilar, colaboradores del diputado y expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi Menéndez, por su participación en la red de plazas fantasma en dicho organismo.
GUARDAN SILENCIO
Los diputados Ovidio Monzón y Manuel Conde fueron consultados por La Hora sobre este tema pero ninguno respondió, con excepción de Adim Maldonado de FCN, quien indicó que presentar dicha enmienda sería contraproducente y una práctica de mala transparencia.
