POR SAIRA RAMOS
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El jefe de bancada de TODOS, Mynor Cappa, pidió al diputado Cristian Boussinot, renunciar al partido y a ese bloque legislativo luego que el Ministerio Público (MP), y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), solicitaron un antejuicio en su contra por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, extorsión, peculado por uso y de sustracción.
La petición de Cappa se hizo pública días después que Édgar Leonel Fernández Regalado, conocido como “Colocho”, fue ligado a proceso penal por servir como intermediario entre Boussinot y algunos empleados contratados por el Congreso, a quienes les cobró una parte del salario mensual que devengaban en ese organismo para entregárselo al congresista de TODOS.
Las investigaciones del MP y CICIG refieren que Boussinot desde el 2011 al 2014, como miembro de esas Juntas Directivas se aprovechó de su cargo y contrató a personal para que realizaran trabajos de mantenimiento de un inmueble rentado por el diputado y su familia en el Condominio Juan Gaviota Marina del Sur, en el Puerto de San José; así como en su residencia ubicada en el municipio de Fraijanes.
Además, dieron mantenimiento a las bodegas de la empresa Catrasa y a las estructuras para la colocación de vallas publicitarias de la compañía Alcance Ejecutivo S.A., vinculadas a la familia de Boussinot. Los empleados a cargo del parlamentario también se dedicaron a realizar actividades político partidistas a favor del partido TODOS, con quien logró su reelección en las elecciones del 2015.
El caso del diputado Boussinot se suma al de plazas fantasma en el Congreso donde están vinculados los miembros de la Junta Directiva del 2015, la cual presidió Luis Rabbé, del bloque legislativo Alianza Ciudadana (AC).
