POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieron a conocer detalles de los lujos a los que tenían acceso los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, a través de una serie de robos millonarios al Estado que hicieron falta para sectores vulnerables de la población, falta de alimentos, educación, salud y seguridad.
Ayer el MP expuso que entre 2013 y 2015 el expresidente registró Q18 millones 604 mil en sus cuentas personales.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad detalló que dentro de los gastos de Pérez se incluye un pago a la tarjeta de crédito de su esposa Rosa María Leal de Pérez, por un total de Q356 mil en 2014.
Dentro de los bienes adquiridos se encuentra un vehículo Jaguar por un costo de $60 mil dólares, al que luego se le realizó un blindaje y una motocicleta Ducati modelo 2014, por un precio de Q243 mil 348.
Mientras que la exvicepresidenta, hizo entre otros gastos, Q130 mil 119 solo en fragancias de marcas reconocidas.
Según la acusación del MP, Baldetti realizó diversas compras, entre estas el asta de la bandera de la iglesia Casa de Dios, cuyo valor estimado es de Q985 mil 800, ya que solo la bandera habría costado Q222 mil 716 y el asta y el motor unos Q763,084.
CONTRASTE
Según los datos recopilados por la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) para 2014, el 59.3% de la población se encontraba en situación pobreza.
Ese porcentaje de la población representa un total de 9 millones 373 mil guatemaltecos que, según la encuesta, sobreviven con Q851.5 mensuales o menos.
El estudio no expone con claridad la situación de ese amplio grupo de guatemaltecos, aunque la última encuesta de ingresos del INE apunta a que muchos se alejan de tener un ingreso de Q851.5 mensuales.
La falta de recursos fue argumento frecuente durante el período de los exmandatarios ahora procesados, ante la necesidad de presupuesto para las carteras de Educación, Salud y Seguridad.
Por falta de insumos para la ampliación de la cobertura educativa, 1 millón 600 mil jóvenes de 13 a 24 años se encuentran fuera de la cobertura de educación, según el Ministerio de Educación.
Asimismo, existen mil 700 centros educativos que no superan la categoría de «champas», según Oscar Hugo López, titular de Educación.
Por otro lado, para las instituciones de justicia y seguridad hubo una asfixia presupuestaria, pues desde años atrás no han sido dotados de los recursos mínimos para un buen funcionamiento, según declaraciones de la fiscal Thelma Aldana.
Condición que a su vez contribuyó al crecimiento de la impunidad y corrupción en instituciones públicas.
Pese a que recientemente se proyectó un aumento de recursos para estas entidades, tanto al Organismo Judicial como al Ministerio Público les siguen haciendo falta alrededor de Q 1 mil 300 millones.
El sistema de salud también tuvo problemas para solventar los pagos a personal médico, al punto que fue inestable la atención de la consulta externa por protestas y paros laborales. Además de que el abastecimiento de insumos vitales como el oxígeno y otros medicamentos ha estado en riesgo en reiteradas ocasiones por el incumplimiento de pago a proveedores.
Las cifras denotan que la salud, educación y seguridad de guatemaltecos estuvo en riesgo durante la gestión anterior y arrastra secuelas aún, mientras los funcionarios en la élite política costearon excentricidades y lujos, a costa de recursos públicos que hicieron falta a dichas carteras.
