POR SAIRA RAMOS
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Diputados de Encuentro por Guatemala (EG) denunciaron que tres directivos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que integraron una comisión técnica que recomendó la viabilidad y legitimidad del cuestionado negocio de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), siguen laborando en esa entidad.

La jefa del grupo EG, Nineth Montenegro junto a los diputados Dorian Taracena y Leonel Lira, dieron a conocer que Mariano Josué Cruz, Rony Stuardo León Marroquín y Álvaro Rocael Molina, firmantes del dictamen que se hizo antes de autorizar el usufructo oneroso de TCQ siguen al frente de la Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento, de Seguridad Integral y de la Unidad de Asesoría de Planificación de EPQ.

Esa situación, para Montenegro, debe terminar con la destitución que debería hacer el presidente Jimmy Morales, ya que esos directivos, allegados y nombrados por el exsubinterventor Allan Marroquín, prófugo por el Caso TCQ, se prestaron al “juego de entregar los recursos del Estado avalando una serie de ilegalidades, afirmando que el negocio era legal, legítimo y que debía efectuarse”, pese a que Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), era una sociedad de reciente creación.

“Este personal sigue laborando para EPQ pese al dictamen técnico que emitieron del cual se basaron para autorizar el contrato de usufructo de TCQ; ellos -como parte de la comisión técnica- hicieron saber que TCB tenía personalidad jurídica y llenaba los requisitos legales pese a constituirse con un capital de Q5 mil; fueron ellos los que emitieron el dictamen y establecieron que la renta de la portuaria era de US$ 0.20 por metro cuadrado”, agregó la jefa del bloque EG.

Durante el pronunciamiento, los diputados hicieron saber que Cruz, León Marroquín y Molina, actuales directivos de la Empresa Portuaria, pudieron incurrir en la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y fraude. Por esa razón, los congresistas ya elaboraron una denuncia penal en su contra que presentaran en el Ministerio Público (MP), en caso lo denunciado no forme parte del expediente del Caso TCQ.

IRREGULARIDADES

Antes que los diputados de EG denunciaran el caso de los directivos, María Eugenia Villagrán, que entonces estaba al frente de la Procuraduría General de la Nación (PGN), denunció cómo el exinterventor Marroquín junto al exsubinterventor Julio Rolando Sandoval cancelaron 19 contratos de arrendamiento en EPQ, los cuales pasaron a contratos de usufructos onerosos antes de legalizar el de TCQ.

Con esas acciones quedó desvanecido porque se constituyó la Terminal de Contenedores Quetzal como un usufructo en un plazo prorrogable de 25 años, dijo la exfuncionaria.

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