POR KATERIN CHUMIL
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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apeló la medida de arresto domiciliario otorgada a tres exdiputados y un exdirector general del Congreso, señalados de la creación irregular de plazas en dicha entidad.
Con esta acción, la comisión pretende que los excongresistas Alfredo Rabbé, Edgar Cristiani y Carlos Herrera, así como el exdirectivo Luis Mijangos, sean enviados a prisión preventiva mientras se resuelve el caso en su contra.
La Fiscalía identificó dos modalidades de contrataciones irregulares por parte de la Junta Directiva del Congreso 2014-2015: la primera consistía en contratar personal de forma arbitraria, en irrespeto a las normas de contratación y nombramiento del Organismo Legislativo; la segunda modalidad se trata de la creación de plazas fantasma.
Según dijo la fiscal general Thelma Aldana en conferencia de prensa, se comprobó que muchos empleados trabajaban a su vez en otras instituciones del Estado o empresas privadas.
Los supuestos asistentes y asesores de los excongresistas llegaron a ganar hasta Q20 mil, pese a que muchos no tenían el grado educativo necesario para desempeñar esos trabajos. Por estos hechos la Fiscalía los señala de abuso de autoridad y peculado por sustracción.
