POR REDACCIÓN LA HORA
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El Ministerio Público (MP) solicitó ante el Juzgado de Extinción de Dominio medidas cautelares –aplicación de extinción de dominio– contra la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la cual fue declarada con lugar, informó la fiscal general, Thelma Aldana.
En rueda de prensa, Aldana indicó que el juez declaró con lugar la intervención de la empresa y se nombró al abogado Alexander Aizenstatd.
En el anuncio de la intervención de la empresa TCQ participaron el presidente Jimmy Morales y el comisionado Iván Velásquez. Morales manifestó que se trata de una decisión «histórica».
El pasado viernes la Procuraduría General de la Nación presentó una demanda de nulidad contra el contrato firmado por TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ); como medidas precautorias se solicitó la suspensión del contrato y la intervención de la empresa.
En el proceso penal el juez Miguel Angel Gálvez ligó a 12 personas a proceso por este caso y el Ministerio Público (MP) tiene 3 meses para realizar la investigación.
EL CASO
TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría una nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares. TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.
Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos aliados para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito.
