POR SAIRA RAMOS
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El exinterventor y exsubinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Allan Marroquín y Julio Sandoval, cancelaron 19 contratos de arrendamientos en esa portuaria y luego autorizaron como usufructos previo a concretar la firma del contrato oneroso de TCQ.
En una citación legislativa, la procuradora María Eugenia Villagrán explicó como Marroquín y Sandoval, señalados por el Caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), hicieron una concesión «disfrazada» de usufructo con la que se permitió el uso de la terminal portuaria por 25 años a favor de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB).
Según Villagrán, al analizar el contrato TCQ, la PGN determinó que los exfuncionarios, a pesar de no tener las facultades suficientes para firmar contratos de usufructos lo hicieron con 19 contratos de arrendamiento, 15 de ellos acordados durante su gestión en la Empresa Portuaria Quetzal.
Lo que Marroquín y Sandoval hicieron fue cancelar los 19 contratos y les «dieron la forma de usufructo para poder hacer el usufructo de TCQ. Utilizaron ese modelo para estandarizar todos los contratos que tenían ahí. Entonces, con esto ya quedó desvanecido porque a TCQ se le dio un contrato oneroso», dijo la procuradora.
Por este caso, el comisionado de Competitividad, Enrique Godoy, explicó que las prácticas de los exfuncionarios de EPQ se hicieron prácticamente para preparar el camino previo a concesionar una terminal pública por 25 años a favor de TCB, quien vendió sus acciones a APM Terminales, del Grupo Maersk.
Los referidos contratos mencionados por Villagrán y Godoy están en análisis de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que deberá determinar el tipo de usufructo y servicios que tienen los 19 contratos, además de otros diez que no están bajo esa figura, según dijo el subcontralor Fernando Fernández.
EMPORNAC Y AERONÁUTICA
En la misma citación convocada por diputados del Movimiento Reformador (MR) se informó que la Contraloría analiza los contratos de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac), así como los 27 de la Aeronáutica Civil, ya que estos tienen índices de contener varias ilegalidades.
En estos últimos contratos, el comisionado Godoy informó que saben de casos de arrendatarios que subarrendan los espacios otorgados por el Estado, pese a que existe prohibición para hacerlo. El funcionario agregó que varios de los arrendatarios adeudan al Estado hasta Q36 millones por renta en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
