La comisión pesquisidora del antejuicio contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, recomendó retirar la inmunidad del funcionario para que pueda ser investigado por tráfico de influencias.
POR CLAUDIA PALACIOS
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La comisión consideró que los indicios presentados por el Ministerio Público (MP) son suficientes para comprobar la posible comisión de un delito. El voto de los diputados a favor de retirar la inmunidad del togado fue unánime.
“De las pesquisas realizadas se concluye que los hechos que originaron las denuncia presentada por el Ministerio Público contiene los elementos necesarios para establecer que el magistrado Charchal Ramos debe ser puesto a disposición de la justicia”, explicó, la diputada Ileana Calles, secretaria de la comisión.
La solicitud de antejuicio se presentó en el contexto de las investigaciones por el Caso TCQ, que involucran al exbinomio presidencial de Partido Patriota, exfuncionarios de la Portuaria Quetzal y a empresarios de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Charchal fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el MP, de remover obstáculos legales e influir para lograr una resolución favorable a la empresa.
Según indicó Julio López Villatoro, presidente de la comisión, el informe aún debe ser conocido por el pleno del Congreso.
Para retirar la inmunidad del togado son necesarios los votos de 105 diputados, de lo contrario la Dirección Legislativa archiva el informe.
La Hora contactó al magistrado Charchal para conocer su reacción luego de la recomendación de la Pesquisidora pero indicó que no tenía conocimiento y que iba a hablar con su abogado para emitir su opinión.
De acuerdo con información de fuentes legislativas, existen discusiones entre miembros de la CSJ y el Congreso para que éste último asegure la inmunidad de Charchal, a cambio de que la Corte no acepte el antejuicio contra ocho diputados de FCN Nación.
SEÑALAMIENTOS
El colaborador eficaz del caso, Juan Carlos Monzón, aseguró que solicitó la intervención del magistrado Charchal debido a que el alcalde de Escuintla, Jorge Rizzo, quería obligar a TCQ a pagar una licencia de construcción, cuyo costo era de Q24 millones.
La empresa interpuso un amparo contra el jefe edil en un juzgado de Escuintla, pero no logró manipular al juez del mismo, por lo que Monzón acudió al Charchal, quien en ese entonces era magistrado de la Corte de Apelaciones.
El magistrado influyó a través de su asesor Mario Ruano, quien en una sola reunión, logró que el secretario del juzgado favoreciera a la empresa con un amparo.
El secretario fue recompensado con Q50 mil y Ruano con una camioneta Range Rover. En tanto, Charchal solicitó a Monzón su ayuda para ser electo magistrado de la CSJ.
