POR REDACCIÓN LA HORA
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La magistrada Blanca Stalling, la exjefa del Instituto de la Defensa Pública Penal, es el común denominador de los escándalos en la Corte Suprema de Justicia. Hasta hoy, esta situación la ha obligado a mantener un perfil bajo; sin embargo, tras bambalinas, aún es ella quien dirige la orquesta. El nombre de Blanca Stalling se menciona en el Congreso en voz baja y la señalan como la operadora de la Corte.
“Ha sido público que Blanca Stalling ha tenido relaciones con bufetes de abogados que promueven la impunidad y el tráfico de influencias, además de grupos de militares”, señala Ramón Cadena, del Centro Internacional de Juristas.
Stalling comenzó su relación con los litigantes cuando ingresó al Instituto de la Defensoría Pública Penal (IDPP) en 1995.
Dos años después, pasó a ocupar el puesto de subdirectora y en 2004 ascendió a directora, posición en la que se mantuvo hasta que en 2014 se postuló para magistrada de la CSJ.
Durante su gestión en el IDPP, la magistrada fue señalada por sus vínculos con el Partido Patriota (PP), la presunta creación de plazas fantasma y de modificar el reglamento de la institución para asegurar su reelección.
Tras salir del Instituto para optar a una magistratura, Stalling dejó como director interino a Remberto Ruiz, su hombre de confianza.
Ruiz se postuló para ser electo oficialmente como titular de la entidad, pero el movimiento Pro Justicia, advirtió de los peligros de mantener al feudo de Stalling en el Instituto. “Este grupo es severamente cuestionado por haber convertido a la entidad en un botín que comparten con muchos de sus electores, vía otorgamiento de plazas a familiares, amigos y correligionarios de diputados”, indicó mediante un comunicado.
STALLING Y EL CONGRESO
“Los operadores deben tener una buena relación con el Congreso y desde esta perspectiva, no sería extraño que con la experiencia política de Blanca Stalling, fuera ella la nombrada por la Corte para este tipo de operaciones”, indicó Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack.
Stalling ha mantenido una relación cercana al Congreso desde que fue electa por primera vez como directora del IDPP. Luego, esta cercanía a los diputados le valió para mantenerse en el puesto por tres períodos.
La magistrada fue designada para la CSJ con 100 votos, provenientes de las bancadas del PP y Lider, quienes hicieron un acuerdo extraoficial para repartirse el listado de magistrados, según confirmaron fuentes del entonces partido oficialista.
Varios legisladores han admitido a La Hora que la magistrada visitaba el Congreso de la República durante el proceso de elección de magistrados y también después, para la elección de director al IDPP, cabildeando a favor de Remberto Ruiz.
LOS ESCÁNDALOS DE STALLING
Aún como magistrada de la CSJ, Stalling no ha podido huir de la polémica, que la ha perseguido por sus vínculos con personajes ahora señalados de corrupción.
Apenas iniciando su gestión, la togada fue vinculada a un grupo de abogados dedicados al soborno de jueces, al cual se denominó “Bufete de la Impunidad”.
El nombre de Stalling fue mencionado en una de las llamadas telefónicas interceptadas a los sindicados del caso.
“Nosotros aquí estamos al pie del cañón, no te estamos abandonando en absoluto, vos sabés. Blanca Stalling es la que está detrás y ellos (el bufete) tienen muy buena comunicación, estamos en esa”, señala el prófugo Luís Mendizábal a Javier Ortiz, alias el Teniente Jerez, procesado por el caso de defraudación aduanera “La Línea”.
Ambos interlocutores son sindicados de pagar un soborno a la jueza Marta Sierra de Stalling, familiar de la magistrada de la CSJ, para que liberara a Ortiz y a otros dos cabecillas de “La Línea”.
Stalling aseguró que la mención se pudo tratar de una confusión con el nombre de su cuñada; sin embargo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló que los abogados del Bufete de la Impunidad también están vinculados a ella porque fueron extrabajadores del IDPP.
Una semana después de que Stalling fuera salpicada por el escándalo de corrupción, su hijo menor, Otto Fernando Molina Stalling fue capturado por el MP y la CICIG, acusado de ser uno de los cerebros de un fraude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que costó Q116 millones al Estado y la vida a más de 16 pacientes con insuficiencia renal. La Fiscalía le imputa a su hijo los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.
Junto al hijo de la magistrada fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva los miembros de la Junta Directiva del IGSS, incluyendo a su entonces presidente, Juan de Dios Rodríguez, y los representantes de la droguería Pisa.
Cuestionada sobre los señalamientos contra su hijo, Stalling se mantuvo en firme. “No puedo emitir comentarios sobre el caso, porque mi investidura como magistrada me lo impide”, dijo, y aseguró que se inhibiría de conocer cualquier acción relacionada a los casos en los que están involucrados sus familiares.
UN PLAN CONTRA LA FISCAL
Pese a las voces que pedían su renuncia, la magistrada logró calmar las críticas separándose por dos meses y medio del Organismo Judicial.
Sin embargo, tras regresar, Stalling volvió a la carga. El pasado 19 de marzo, La Hora alertó de un plan en contra de la fiscal general Thelma Aldana que estaba siendo orquestado desde la CSJ.
Fuentes que pidieron no ser citadas advirtieron que aprovechando el descanso de vacaciones de Semana Santa, la Corte se reuniría para firmar una resolución, a través de la cual se podría declarar ilegal la detención del exdiputado Gudy Rivera, quien enfrenta proceso penal por tráfico de influencias, y de esta forma se afectaría a la Fiscal General.
Según esta información, Blanca Stalling, Patricia Valdés, Vitalina Orellana y Josué Felipe Baquiax fueron quienes impulsaron las acciones contra Aldana.
La alerta causó un masivo rechazo por parte de la población y evidenciado el plan, la Corte dio marcha atrás, declarando el antejuicio de Rivera sin materia, un trámite que se podía realizar sin necesidad de una reunión del pleno.
Rivera era jefe de bancada del PP, que votó por Stalling para convertirla en magistrada. Actualmente, enfrenta proceso penal por tráfico de influencias durante el proceso de elección de togados.
EL ACUERDO CON EL CONGRESO
Pese al primer fracaso, un nuevo acuerdo de impunidad entre la CSJ y el Congreso va tomando forma de la mano de Stalling.
De acuerdo con fuentes parlamentarias, existe un pacto entre magistrados y diputados para garantizar la impunidad a ocho congresistas oficialistas y al magistrado Douglas Charchal.
Según estos legisladores, habría un amaño en el proceso de antejuicio para beneficiar a Charchal, a cambio de que el Organismo Judicial no les retire la inmunidad a los ocho diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN).
La Hora recibió información que la negociación entre FCN y algunos magistrados de la CSJ habría estado encabezada por Stalling, quien nuevamente pidió un permiso de ausencia por un mes.
Douglas Charchal está señalado de tráfico de influencias, por presuntamente ayudar a que la empresa Terminal de Contenedores Quetzal superara un obstáculo legal. A cambio de esto, pidió el apoyo del oficialismo para convertirse en magistrado de la CSJ.
“SE VEÍA VENIR”
Temiendo que personajes relacionados al crimen organizado llegaran a la CSJ y utilizaran sus influencias para beneficiar a los actores de impunidad, la sociedad civil solicitó a la Corte de Constitucionalidad anular la elección de magistrados.
Este requerimiento se hizo luego de que se evidenciara el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para elegir a los magistrados que convinieran a sus intereses; sin embargo, la Corte, con tres votos a favor y dos en contra, validó el proceso de selección.
“La CC anterior, al hacer oídos sordos al clamor de la sociedad civil, es responsable de la actual conformación de la CSJ y que deriva en que más del 20 por ciento de sus integrantes estén señalados de corrupción con tal contundencia, que es obligada su renuncia”, afirmó Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia.
Además de los señalamientos contra Stalling, hay dos magistrados que han sido denunciados por actos de corrupción.
LECTORES TAMBIÉN PIDEN RENUNCIA
Varios representantes de la sociedad civil indicaron que los magistrados Blanca Stalling, Douglas Charchal y Vladimir Aguilar, cuyos nombres figuran en diferentes expedientes judiciales de casos relacionados con corrupción de alto nivel, deberían renunciar para facilitar las investigaciones del Ministerio Público. Los lectores reaccionaron apoyando esta postura:
Ernesto Zafio: Aún no comprendo cómo después de que el exdiputado Gudy Rivera le dijera a la magistrada cuál fue la dinámica de elección de magistrados a las cortes y que quedara grabado y por lo cual está guardando prisión preventiva, esta Corte aún esté instalada. El Ministerio Público y la CICIG deberían adentrarse en esa investigación para anular a todos los que ocupan estos puestos, pues con este son tres los magistrados seriamente señalados.
Armando Pensamiento: Pues claro que vamos a sacar a este montón de gente corrupta, que entre ellos se tapan con la misma chamarra. Es más, la palabra justa no es pedir que renuncien, es que deben ser echados o despedidos por turbios.
Juan Carlos: Todos los servidores públicos que estén implicados en casos de corrupción deberían ser despedidos y dados a conocer sus nombres para no recontratarlos en futuros gobiernos o en entidades privadas.
Mimi Mancilla de Aragón: De verdad no entiendo que si ya están nombrados en diferentes casos de CORRUPCIÓN por qué siguen en puestos tan delicados en donde deberían nombrar a personas honradas y honestas.
Evan Volks: Es lógico que acá murió la carrera de los magistrados y claro, por dignidad deberían renunciar. Pero el detalle es dignidad eso es lo que menos tienen estos magistrados.
Julio López: Se trata de depurar, pues afuera gente aprovechada. No esperar que renuncien, hay que destruirlos por no convenir al pueblo de Guatemala sus servicios.
Barb Vita Vitas: Es inaudito que estos magistrados sinvergüenzas y corruptos permanezcan en la Corte Suprema de Justicia. Si es que todavía les quedan aunque sea unas 4 onzas de VERGÜENZA deberían renunciar por el bien del país.
Nery Montt: Difícil y casi imposible los pedidos de la ciudadanía sean escuchados por estos magistrados del más alto poder de gobierno…se mantendrán allí, incólumes, porque no temen ninguna fuerza les obligue a renunciar….sabiendo que continuando en el poder son intocables….Despierta Chapines.
Lando Mancia: No hay forma de sacarlos, la única es manifestar todo el pueblo ante la CSJ, si no es así, jamás renunciaran. Ahora también entiendo por qué quieren aumentar el período de magistrados en la ley a 11 años los diputados, para que los protejan también.
