POR SAIRA RAMOS
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El pacto entre integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso para garantizar la impunidad a ocho diputados oficialistas y el magistrado Douglas Charchal empieza a tomar forma, de acuerdo con fuentes parlamentarias. Los antejuicios que se deben conocer en esos dos organismos del Estado podrían ser declarados sin lugar por las respectivas instancias que deben indicar si se deben o no realizar investigaciones.
Diputados y allegados a éstos, quienes piden no ser citados, están a la espera de que el Congreso reciba de la CSJ el expediente contra Charchal y que a través de un sorteo quede integrada la comisión pesquisidora que deberá determinar si procede retirarle la inmunidad al magistrado señalado en el Caso TCQ.
De acuerdo con estos legisladores, habría un amaño en el proceso para beneficiar a Charchal, a cambio de que en el organismo Judicial no se le retire la inmunidad a los ocho diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN).
Esta negociación para Jorge Santos, de la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos, no resulta extraña ni causa sorpresa porque en 2014 muchos de los congresistas hoy de FCN-Nación designaron a magistrados de la CSJ en alianza con el Partido Patriota (PP), y Libertad Democrática Renovada (Lider), de donde era parte.
Por eso, la negociación que busca no retirarles la inmunidad a los diputados de FCN-Nación y a Charchal, obedece a que el oficialismo busca mantener la impunidad en el sistema judicial, aun cuando los diferentes sectores e instituciones hacen el esfuerzo de enmendar los vicios dentro del mismo a través de reformas Constitucionales.
En la misma línea, el analista Renzo Rosal cree que el mensaje que envía la CSJ y los diputados del partido de Gobierno es “nefasto” y de concretarse sería un retroceso en la justicia porque se legitimaría el chantaje y “extorsión” de cualquier congresista a funcionarios; y, que los jueces no resuelvan con independencia judicial.
Según Rosal, si la negociación se confirma, se concluirá en que los mecanismos de impunidad seguirán en ambos organismos. Por eso, esperaría que el presidente del Congreso, Mario Taracena, no se preste a esa maniobra y denuncia y ponga al descubierto esa y cualquier otra negociación que busque detener los antejuicios.
La Hora recibió información que la negociación entre FCN y algunos magistrados de la CSJ habría estado encabezada por Blanca Stalling, quien también cabildeó para que Remberto Ruiz, fuera electo como director del Instituto de la Defensa Pública Penal. La aludida goza actualmente de un permiso de un mes concedido por la CSJ.
A mediados de marzo pasado, llegó a La Hora, información que había un plan para desestabilizar a la fiscal general Thelma Aldana que involucraba a magistrados de la CSJ y a diputados.
MAGISTRADO CLAVE
El pasado viernes, el portavoz de la CSJ, Ángel Pineda, informó que el magistrado Freedyn Waldemar Fernández Ortiz, fue designado como juez pesquisidor para conocer la formación de causa de los diputados antejuiciados del FCN.
Según información de la Corte, Fernández Ortiz también fue designado para conocer los antejuicios de los exdiputados de Lider, Jaime Martínez Lohayza y Manuel Barquín Durán. Además, del exvicepresidenciable de Lider y expresidente del Banco de Guatemala, Édgar Barquín Durán.
