POR KATERIN CHUMIL
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la solicitud de antejuicio en contra de ocho diputados de la bancada oficialista FCN-Nación. Asimismo, dio luz verde para que el Congreso conozca el antejuicio contra el magistrado Douglas Charchal.
Ángel Pineda, portavoz del Organismo Judicial, señaló que en la reunión del pleno de la CSJ celebrada ayer, se dio trámite a la solicitud de antejuicio en contra de Laura Alicia Franco Aguirre, Juan Manuel Giordano Grajeda, Óscar Rolando Corleto Rivera, Rudy Berner Pereira Delgado, Byron Juventino Chacón Ardón, Julio Antonio Juárez Ramírez, Ferdy Ramón Elías Velásquez y Edgar Eduardo Montepeque González, todos diputados del partido oficialista.
El Ministerio Público los señala por agredir y presionar a Estela Ventura, gobernadora de Alta Verapaz, para que entregara el control del Consejo de Desarrollo Departamental.
De acuerdo con el testimonio de Ventura, la diputada Franco le dijo “india estúpida”, luego de que se negó a aceptar el requerimiento.
Los congresistas son señalados de abuso de autoridad, discriminación, concusión y tráfico de influencias.
Los magistrados nombraron a Freedyn Waldemar Fernández Ortiz, presidente de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, como juez pesquisidor del antejuicio.
Fernández Ortiz deberá escuchar al Ministerio Público y al funcionario para determinar si hay razones para abrir una investigación en su contra.
ANTEJUICIO CONTRA MAGISTRADO
La CSJ también dio trámite al antejuicio en contra Douglas Charchal Ramos, magistrado de esa misma institución.
De esta forma, se dio vía libre para que el caso sea conocido en el Congreso, que deberá nombrar una comisión pesquisidora para determinar si es procedente retirarle la inmunidad.
Charchal fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), de traficar influencias para beneficiar a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). A cambio, Charchal logró ser electo como magistrado de la CSJ.
TCQ está señalada porque sus directivos sobornaron funcionarios públicos para firmar un contrato de usufructo en Puerto Quetzal.
El colaborador eficaz de este caso, Juan Carlos Monzón, indicó que se comunicó con Charchal para superar un obstáculo legal que impedía iniciar la construcción de la Terminal de Contenedores, por lo que el magistrado utilizó sus influencias para influir en un fallo favorecedor a los intereses de la empresa.
