POR KIMBERLY LÓPEZ
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Los tres presidentes de los organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentaron ayer el diálogo para las reformas al sector justicia, en donde también participarán el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y representantes de la sociedad civil. No obstante, será el Legislativo quien tenga la última palabra para aprobar reformas verdaderamente profundas, que fortalezcan las actuales instituciones de justicia.
Este proyecto, según el presidente del congreso, Mario Taracena surgió por iniciativa de los tres presidentes que dirigen los organismos del Estado.
Según la fiscal Thelma Aldana el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) será de revisar las propuestas y hacer sus observaciones a dichas reformas, para que el Congreso las considere y las incluya en las reformas que aprobarán.
No obstante, será el legislativo quien tenga la última palabra para aprobar reformas verdaderamente profundas, que fortalezcan las actuales instituciones de justicia.
Sobre el papel clave que jugarán los diputados para aprobar las reformas, analistas aseguran que esperan el total compromiso de los diputados, debido a la responsabilidad que tienen en este proceso de fortalecimiento a la justicia.
Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro Justicia, asegura que la esperanza de la ciudadanía es que los diputados «acojan el producto analizado por CICIG y MP», para garantizar que los resultados sean los esperados.
Sin embargo, frente a la falta de credibilidad de los poderes existe desconfianza frente a este proceso y también existe el riesgo de que los resultados no sean los que la ciudadanía tiene en mente.
«Corresponde a diputados reducir estos riesgos», asegura la analista.
Por otro lado, la diputada Sandra Morán, de la bancada Dignidad Convergencia, destaca la importancia de que se den consensos y diálogos entre diputados para que estas reformas sean fieles a los objetivos para las que fueron planteadas.
La sociedad civil y los poderes del Estado son los que impulsan este diálogo de reformas al sector justicia, pero según representantes de sociedad civil, preocupa que el Congreso, que es el ente que debe aprobarlas, legisla por capricho y contra los intereses colectivos.
Para Christian Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), lo anteriormente descrito deviene que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pareciera ser una mezcla de varias propuestas, «con tal de quedar bien con todo el mundo».
Martín Berganza, representante de la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala (CEUG), opina que finalmente las reformas deberán someterse al consenso de los legisladores y que inevitablemente se acomodará a intereses partidarios.
“Lamentablemente así tendrá que ser, pero esperemos que sea en la menor cantidad y que tengan presente que la ciudadanía va estar atenta”, asegura Berganza.
