POR KIMBERLY LÓPEZ
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La titular de la Procuraduría General de la Nación, María Eugenia Villagrán insistió en que ve la nulidad del contrato firmado con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), como una única ruta a tomar. Esto, en medio de las discusiones que se realizan desde el Ejecutivo para determinar el destino de este proyecto, que fue concretado por el exmandatario Otto Pérez Molina.
«La única ruta es la nulidad, ya lo he solicitado al Presidente», indicó la Procuradora.
Asimismo, Villagrán explicó que el que se haya hecho un usufructo como si fuese una concesión, implica una serie de ilegalidades, entre las que destacó que una intervención no puede hacer concesiones.
Además, señaló que el precio de la renta no se ajustó al valor real, lo cual se agrava considerando la inversión que el Estado realizó en la construcción de dicha infraestructura, previo al usufructo.
También se incurrió en una violación a la Ley de Compras y Contrataciones, indicó la titular.
FUE CUESTIONADA
Por otro lado, informó en Emisoras Unidas que cuando emitió el dictamen, mediante el cual señaló las ilegalidades presentadas en el contrato, empresarios de TCQ, del Banco Mundial y del Banco G&T se presentaron en las oficinas de la PGN para cuestionarla y expresarle su malestar.
“En TCQ estaban molestos porque yo me separé del criterio que habían tenido los procuradores, porque los anteriores avalaron el contrato y yo me separé de ese criterio. Me hicieron saber su malestar, no he dejado presionar por nadie”, aclaró a La Hora.
La Hora intentó conocer la postura de Banco G&T, pero hasta el cierre de esta edición no habían trasladado su reacción.
VE RESPONSABILIDAD EN MINISTROS
Cuando Villagrán emitió su dictamen, autoridades del Gabinete hicieron caso omiso a sus observaciones.
Esto, según la entrevistada, genera una responsabilidad en el Consejo de Ministros, pues no se pronunciaron frente a estas advertencias.
“Todos declararon sin lugar la solicitud de lesividad, cualquiera hubiera podido ver las ilegalidades”, aseguró.
Por ahora, Villagrán está a la espera de las instrucciones del Presidente para dar paso a la nulidad, pues indicó que alguna otra opción para el contrato no debe ser permitida por la población, ya que se trata de un caso de corrupción alarmante.
Asimismo, insistió en que el Estado no debe de pagar ninguna compensación porque este negocio “nació en virtud de un soborno”.
