POR VIRGINIA CONTRERAS
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Promedio de ingresos de trabajadores de casas particulares es de Q852
En Guatemala alrededor de 169 mil 968 mujeres y hombres laboran como trabajadores domésticos y no cuentan con una ley que regule un salario mínimo y seguridad social debido a que en el país no ha sido ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual busca establecer los derechos y principios básicos para ese sector y, a la vez, exige al Estado que tome una serie de medidas con el fin de garantizar la igualdad del trato entre éstos y los empleados en general.
A lo largo de la historia, el trabajo doméstico ha estado vinculado con la esclavitud y otras formas de servidumbre, por lo que quienes han desempeñado tareas domésticas han sido marginados y excluidos. En pleno Siglo XXI esta es una situación que ha sufrido algunos cambios, pero no los suficientes.
Este es un trabajo como cualquier otro, la diferencia es que los trabajadores de casas particulares laboran más de ocho horas, ganando en la mayoría de ocasiones un sueldo menor al salario mínimo, y expuestos a la discriminación, la explotación y los abusos.
La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2014 registra 169 mil 968 personas que laboran realizando algún trabajo doméstico, dentro de las cuales se incluyen chóferes, cocineros, jardineros, seguridad y señoras de casa.
La encuesta revela que el promedio nacional de ingresos mensuales de los trabajadores de casas particulares es de Q852, pudiendo llegar hasta los Q1 mil 011 en la metrópoli y reduciéndose a Q770 en el área rural.
Esto significa que los empleados domésticos pueden ganar hasta tres veces menos del salario mínimo establecido y reciben ingresos con los que sólo pueden cubrir el 25 por ciento de la canasta básica.
Maritza Velázquez, presidenta de la Asociación de trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquilas (Atrahdom), señaló que, según datos de la organización, el 92 por ciento de los trabajadores de casas particulares pertenecen al género femenino. Añadió que el 67 por ciento son personas que han migrado del interior de la República, en su mayoría mujeres indígenas que han debido dejar sus hogares por la pobreza extrema en que viven y la falta de oportunidades en sus comunidades.
Asimismo, manifestó que un 10 por ciento de esta población no ha podido tener siquiera un acercamiento al sistema educativo, puesto que no poseen ni el primer grado de primaria.
Esta situación ha motivado que instituciones como Atrahdom, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, desde el año 1999, busquen mejoras para este sector; sin embargo, no fue sino hasta 2011 que la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó el Convenio sobre los trabajadores domésticos.
CONVENIO 189 OIT
El Convenio 189 define el trabajo doméstico como «el trabajo realizado para o dentro de un hogar o varios hogares». Esta labor puede incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el cuidado de los niños, ancianos o enfermos de una familia, jardinería, vigilancia de la casa, desempeñarse como chofer de la familia, e incluso cuidando los animales domésticos.
La normativa establece medidas destinadas a garantizar la igualdad de trato entre trabajadores domésticos y trabajadores en general con respecto a las horas normales de trabajo, compensación por horas extras, períodos de descanso diario y semanal, y vacaciones pagadas anuales.
Además, busca garantizar protección social, seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad y la implementación del salario mínimo vigente, para este sector de la Población Económicamente Activa.
Con el objeto de mejorar las condiciones para las personas que se desempeñan en esa labor se creó la iniciativa de ley 4981, que contiene la ratificación del Convenio y se encuentra desde agosto del 2015 en el Congreso de la República.
El pasado 8 de marzo, la Comisión de Trabajo, presidida por el diputado Ovidio Monzón, dio dictamen favorable a la iniciativa.
INICIATIVA DE LEY 4981
Dentro de la iniciativa se persigue la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso obligatorio y de esta manera respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Asimismo, busca la abolición efectiva del trabajo infantil, como lo indica el artículo 4, que manifiesta: «Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado por los trabajadores domésticos menores de 18 años, pero mayores de la edad mínima para el empleo, no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional».
Además, pretende erradicar las prácticas discriminatorias en el acceso al trabajo formal, ya que según el informe: «Luces y sombras en la lucha contra la discriminación racial, étnica y de género en Guatemala», realizado en 2010 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la gran mayoría de personas indígenas, debido a la pobreza, carecen de la posibilidad de estudiar y, por lo tanto, tienen pocas oportunidades de integrarse alguna vez al mercado laboral formal.
Añade que quienes logran incorporarse en un empleo, generalmente ocupan puestos mal remunerados.
PROTECCIÓN SOCIAL
El reciente estudio de la OIT titulado: «Protección social del trabajo doméstico: tendencias y estadísticas» refiere que 60 millones de los 67 millones de trabajadores domésticos alrededor del mundo aún no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de seguridad social.
Agrega que los mayores déficit en la cobertura de la seguridad social para este grupo están concentrados en los países en desarrollo, señalando que en Guatemala, Islandia, Honduras, Corea del Sur, El Salvador, Fiji, Malasia y México se identifican con regímenes de cobertura voluntaria, lo que considera una práctica que limita fuertemente cualquier esfuerzo para extenderla al trabajo doméstico.
Según estimaciones de la OIT, en 2013 el 80 por ciento de las personas que se desempeñaban en este sector eran mujeres, de manera que a su criterio, la extensión de la protección social a ese grupo podría contribuir significativamente a la reducción de las desigualdades de género.
Por tal razón, el documento manifiesta que la extensión de la seguridad social al trabajo doméstico es una meta digna y un componente necesario en las estrategias destinadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Según la ENEI en 2014, el 2.8 por ciento de la población ocupada y el 5 por ciento de la población asalariada trabajan en casas particulares.
De estos, casi la totalidad, 9 de cada 10 empleados domésticos, no tiene ningún tipo de vinculación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por lo que solamente un 10 por ciento está afiliado.
A lo largo del tiempo el panorama ha sido el mismo y fue por ello que en el año 2009 se creó dentro del Seguro Social el Programa Especial de Protección a Empleadas de Casa Particular (Precapi), que tenía previsto dar cobertura a más de 10 mil trabajadoras que serían cubiertas en las áreas de maternidad, atención a hijos e hijas de entre 1 y 5 años, y accidentes.
EL PRECAPI ES INSUFICIENTE
Apoyado por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, las condiciones del Precapi establecían que el Estado pagaría una cuota mensual de Q40 por cada trabajadora doméstica; mientras que el resto del aporte se dividía mensualmente entre el patrono (Q40) y el empleado (Q20).
Sin embargo, las empleadas domésticas denunciaron que el Precapi presentaba una serie de vacíos y que no abordaban con profundidad su problemática, pues este proyecto no incluía cobertura por invalidez, vejez y sobrevivencia, ni consultas por enfermedad común.
En junio de 2013, el programa contaba con 324 afiliados, de los cuales, solo 27 estaban activos.
Para María Olimpia Cruz, secretaria del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular de Guatemala, el Precapi no cuenta con una base legal, por lo que a su criterio de nada sirve el aporte económico que se realice al mismo, ya que no se retribuye.
UN PASO ADELANTE
Hugo Barretto Ghione, profesor de derecho del trabajo de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay y quien recientemente visitó el país, explicó que el Convenio 189 se demoró mucho en aparecer, puesto que dicha organización se creó en 1919.
Considera que esto es un indicio de que en el mundo, el trabajo doméstico es visto como un trabajo de segunda categoría.
«Ha existido una dificultad para adoptar normas internacionales en el tema derivado de que el trabajador doméstico es alguien que labora recluido en el ámbito de la casa habitación del patrono y por lo tanto, es un trabajador que eventualmente puede estar sujeto a condiciones, como el horario, que no son las que deberían regir», acotó el experto.
A decir del catedrático, con la implementación del Convenio, la legislación de cada nación será más apta para el respeto de la dignidad del trabajador.
En tanto, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, aseguró que al ratificarse el acuerdo se sentarán las bases para cambiar la precariedad y el grado de discriminación que actualmente enfrentan los trabajadores, dado que, según refirió, el Código de Trabajo establece que no están sujetos a la limitación de la jornada ordinaria de trabajo.
«Esto obligará a reformar el Código de Trabajo para adaptar las normas requeridas y de igual forma, estarán afiliados al Seguro Social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores», puntualizó.
Mientras que Dulce Patricia Zúñiga, defensora de las personas trabajadoras de la Procuraduría de los Derechos Humanos, enfatizó que al ratificar el Convenio se podrá tener un registro de las personas que se desempeñan en esta área, ya que muchas de ellas laboran incluso a cambio de tener una vivienda o alimentación, puesto que en muchos casos no reciben una remuneración a cambio por los servicios prestados.
Zúñiga reconoció que muchas de estas personas son violentadas en su labor, tanto física, sexual y psicológicamente, por lo que vio de manera positiva que tengan conocimiento de sus derechos para poder exigirlos.
ANALIZARÁN INICIATIVA
El pasado 30 de marzo, fecha en la que se conmemoró el Día Internacional de la Trabajadora Doméstica, el diputado Monzón anunció que este 5 de abril se reuniría con la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, para darle seguimiento a la ratificación del Convenio 189.
El funcionario destacó que luego de esa reunión, procederá que los jefes de bloque, la Junta Directiva y Mario Taracena, presidente del Congreso, tomen la iniciativa de incluirlo en una agenda de trabajo en el pleno del Hemiciclo.
