POR SAIRA RAMOS
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El Congreso, por orden de un juez laboral, restituirá a 14 trabajadores despedidos en 2016, además tendrá que pagar millonarias indemnizaciones, informó Mario Taracena, presidente del Organismo Legislativo.
Antes que los diputados empiecen la discusión del proyecto de reformas a la Ley de Servicio Civil del Legislativo, la Junta Directiva deberá acatar la orden judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y reubicar en sus puestos de trabajo a: Dolores Zeledón, Anayte Cuical Chahim, Henry Abigahil Gálvez y Delia Paola Valladares.
Además, a Edtson Josué López Rivera, Juan José Morfin Alfaro, Victoria Hernández Cholotío, María Gabriela Valladares, Omar Miguel Leiva, Ana María Vásquez, Luz Marielle Morales, Édgar Armando Roca, Claudia Fabiola Gil y José Víctor Monzón, luego que fueron removidos de sus cargos por su contratación poco transparente.
Según Taracena, después de eso, se comenzará a consensuar las reformas a la Ley de Servicio Civil donde se buscará regular la masiva contratación de familiares de diputados para ocupar puestos de trabajo en las distintas áreas del Congreso, además que se pondrá una edad límite para la jubilación laboral.
En este último, el presidente legislativo dijo que “Guatemala llorará sangre”, porque ese organismo tendrá que pagar “millonarias” indemnizaciones a los empleados que tienen hasta más de 30 años y que durante su tiempo como asalariado público han cobrado salarios onerosos, nada comparados con la mayoría de los guatemaltecos.
Por otro lado, ayer el recién creado Sindicato General de Empleados del Congreso de la República (Sigecor), entregó a la Presidencia de ese ente una solicitud donde pide a los miembros de la Junta Directiva restituir a los trabajadores a quienes un juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), les autorizó su reubicación.
CICIG PIDE INFORMACIÓN
Antes del descanso de Semana Santa la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), solicitó a las distintas unidades del Legislativo información de los empleados desde 2012 al 2015, durante las administraciones de los expresidentes Gudy Rivera hasta Luis Rabbé, respectivamente.
De acuerdo con el equipo de comunicación, a Recursos Humanos, la CICIG le pidió los contratos y expedientes de los empleados legislativos, así como los que se dieron de baja; mientras que, la Contraloría General de Cuentas (CGC), ha realizado visitas para comprobar la existencia de plazas fantasma.
