POR SAIRA RAMOS
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Un día después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) anunciara la suspensión provisional de la Ley de Tarjetas de Crédito, que entró en vigencia el 8 de marzo, no existe claridad si los bancos del sistema devolverán a los usuarios de los plásticos el dinero que fue cobrado por membresías y demás beneficios por el uso de las tarjetas.
Édgar Bran, de la Asociación de Medios de Pago, respondió a la interrogante y dijo estar satisfecho con la decisión constitucional, la cual espera sea ratificada en definitiva, ya que a su criterio, la resolución fue una decisión tomada en base a derecho.
A decir de Bran, los cobros a los usuarios de tarjetas de crédito que se implementaron tras la entrada en vigencia de la Ley no fue una práctica estandarizada por todos los bancos porque, según él, cada quien tomó decisiones específicas de acuerdo a su conveniencia.
“Lo que pasó en general fue dejar de exonerar las membresías. Sin embargo, hubo emisores de tarjetas que dieron la facilidad –de pagarla– en cuotas. Serán los bancos quienes tendrán que tomar una decisión –al respecto– y trasladarle al cliente la opción que tomaron”, amplió el representante de la Asociación de Medios de Pago.
El entrevistado aseguró a La Hora que ante la suspensión temporal de la Ley de Tarjetas de Crédito serán los “clientes quienes deberán comunicarse con su banco para –conocer– cuál será el procedimiento que se hará por el cobro de la membresía” y otros beneficios que se tienen al utilizar dinero plástico.
Después de la entrada en vigencia de la Ley, el ponente de la iniciativa, Ronald Arango, diputado de TODOS, denunció con información de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el cobro “excesivo y desmedido” que efectuaron los bancos que buscaban que los usuarios de tarjetas “rechazaran” la normativa que regula las tasas de interés.
CC DESPROTEGIÓ A TARJETAHABIENTES
Arango al enterarse de la suspensión provisional al proyecto de Tarjetas de Crédito confirmó que esa decisión no protege a los usuarios de los plásticos, sino que los expone a que vuelvan a ser víctimas del hostigamiento por empresas de call center que son contratadas por los bancos para cobrar las deudas adquiridas con las tarjetas, además que no habrán topes de sus gastos, ni que lleguen a un convenio de pago sin que las tasas de interés suban porcentualmente como lo propone la Ley.
Ante esa situación, el diputado llamó a los emisores de tarjetas a participar en mesas técnicas para discutir los cambios que podría tener la ley. El aludido cree que no todos los bancos son “irresponsables” y querrán tener una ley reguladora de crédito en el país como lo tienen muchos países en Latinoamérica.
Entre tanto, Arango y el uneísta Carlos Barreda confirman que la resolución de la CC no declara inconstitucional el texto original de la Ley, sino sólo el procedimiento, el cual puede enmendarse en el Legislativo.
