POR CLAUDIA PALACIOS
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Según Fiscalía, excuñado de Maldonado manejó y ejecutó los fondos
El Ministerio Público (MP) estaba convencido de que podía comprobar que la exdiputada Julia Maldonado Echeverría cometió el delito de peculado al desviar fondos del Consejo Nacional de Juventud (Conjuve) cuando estuvo a cargo de la institución en 2009. Para justificar su tesis tenía tres auditorías de distintos entes que llegaban a la misma conclusión y más de 50 documentos oficiales de respaldo, incluyendo cheques, recibos y detalles bancarios; el caso estaba prácticamente ganado. Sin embargo, al emitir sentencia, el juez consideró que el testimonio de cuatro testigos presentados por la defensa era suficiente para tumbar toda la investigación y declaró inocente a la excongresista, argumentando falta de evidencias.
Luego de escuchar las conclusiones de la defensa y el MP, el juez Juan Antonio Aceituno López, del Tribunal Decimotercero de Sentencia Penal, se tomó alrededor de 2 horas y media para analizar el caso. Al regresar del receso parecía que ambas partes estaban seguras que serían beneficiadas con el criterio del juzgador. La acusada bromeaba y reía con su abogado, mientras el MP confiaba en que su trabajo de investigación estaba más que fundamentado.
Al emitir su resolución, el togado explicó a las partes que el MP basó su acusación en cuatro eventos ficticios, los cuales presuntamente sirvieron como justificación para desviar fondos públicos. Sobre esta premisa comenzó a valorar las evidencias, indicando que las mismas, a pesar de contener oficios de varias autoridades que dijeron desconocer la celebración de dichos eventos (eventos que, el MP alega, nunca se dieron, consistentes en congresos para la juventud) y de adjuntar documentos bancarios que señalaban que el dinero había ido a parar a personas cercanas a la exdiputada, no contradecían lo dicho por los testigos de la defensa y por lo mismo, daba valor probatorio a lo indicado por ellos, concluyendo que los eventos sí se realizaron.
Tres horas antes, durante la exposición de sus conclusiones, el fiscal del caso había solicitado que se certificara lo conducente a los testigos porque sus testimonios eran falsos, primero, porque no existía ningún documento que respaldara lo que dijeron y, segundo, porque existían vacíos e inconsistencias en sus declaraciones; sin embargo, a criterio del juez, las declaraciones de los testigos botaban toda la investigación.
La Hora pudo conocer los argumentos de acusación contra Maldonado, en los cuales se detalla cuáles son las evidencias contra la excongresista y cómo la Dirección de Investigación Criminal (Dicri) logró rastrear la ruta de los fondos públicos, desde las cuentas bancarias del Conjuve, hasta las cuentas del cuñado de la acusada, que luego sirvieron para comprar un carro a nombre de Sandra Yoana Echeverría Mazariegos, madre de la exdirectora del Conjuve (Ver infografía: la ruta de los fondos públicos).
LA DONACIÓN QUE SALIÓ CARA
El MP señala a Maldonado por el delito de peculado, ya que de acuerdo con las pesquisas, permitió la sustracción de dinero que había sido donado por la Comunidad Europea al Conjuve, defraudando al Estado por Q3 millones 89 mil 503.38.
El 13 de marzo de 2009 la Comunidad Europea donó Q4 millones 073 mil 640 a Conjuve para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento Institucional y Organizacional a Expresiones Organizadas y no Organizadas de Jóvenes en Guatemala”, el cual pretendía contribuir a la consolidación de la democracia participativa en Guatemala.
Para asegurarse de la correcta ejecución de los fondos, la entidad internacional contrató a la firma mexicana MARZARS, para que realizara una auditoría.
Tras analizar el detalle de los gastos del proyecto, la firma determinó que los fondos asignados no se habían utilizado de forma transparente, detectando gastos no elegibles por €341 mil 798 y gastos cuestionables por €53 mil 007, por lo que el 10 de agosto de 2011 la delegación introdujo un reclamo al Estado Guatemalteco para que devolviera €277 mil 83, equivalentes a Q3 millones 89 mil 583.38.
El reclamo fue finalmente pagado con fondos del Conjuve, que tuvo que solicitar una ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas, ya que sus recursos eran insuficientes.
La auditoría de MARZARS dio las primeras luces sobre posibles acciones de corrupción durante la gestión de Maldonado.
TRES AUDITORÍAS, UNA MISMA CONCLUSIÓN
Posteriormente, las mismas irregularidades quedaron confirmadas en el Examen Especial de Auditoría al Conjuve, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
El examen especial de auditoría al Conjuve determinó el mal manejo de Q2 millones 972 mil 214.79, dinero que fue ejecutado indebidamente, omitiendo los procesos administrativos, técnicos y legales.
La Contraloría señaló entonces que no existía respaldo para justificar los gastos que supuestamente habían sido destinados a la realización de eventos formativos para jóvenes en Sololá, Chiquimula y Totonicapán como parte del proyecto financiado con donaciones internacionales.
Con base en este segundo análisis, la Fiscalía comenzó a hacer su propia auditoría, la cual estuvo a cargo de peritos de la Dicri, quienes, al profundizar en los hechos, llegaron a conclusiones aún más comprometedoras para Maldonado.
LOS EVENTOS “MASIVOS” DE LOS QUE NADIE SE ENTERÓ
De acuerdo con la información de la Dicri, el Conjuve justificó el uso de Q174 mil 119.64 de la donación internacional para la celebración de los eventos formativos en los departamentos mencionados.
El plan de ejecución del proyecto no establece la realización de eventos masivos, como los que según la contabilidad del Conjuve se llevaron a cabo. Estos, tampoco se mencionan en el informe final acerca de las actividades que la propia Maldonado firmó.
Sin embargo, el Consejo emitió tres cheques en concepto de “hospedaje y alimentación” para la realización de los congresos de jóvenes. El primer desembolso es por Q72 mil 500 a beneficio de la empresa UNIMERC, contratada para un evento de formación en Chiquimula, realizado el 2 de junio de 2009, al cual supuestamente asistieron 2 mil 250 personas.
La segunda empresa contratada fue Chas Sociedad Anónima, que cobró Q55 mil 119.64 por un evento en Totonicapán, que reunió a 1 mil 800 personas el 3 de junio del 2009.
Chas Sociedad Anónima también es beneficiaria de un segundo cheque por Q46 mil 500, por un evento del 5 de junio de 2009 en Sololá, que tuvo un número de asistentes de 1 mil 500.
Para poder comprobar la realización de dichos eventos, el MP solicitó a las respectivas Direcciones Departamentales de Educación, supuestas beneficiarias de los eventos, registros de la celebración de los mismos, a lo cual respondieron que no tenían información al respecto.
Asimismo, las Gobernaciones de dichos departamentos y la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional Civil, fueron consultadas al respecto, pero indicaron que no existían datos sobre eventos masivos con las características descritas.
Con estas pistas, el MP consideró conveniente rastrear quiénes estaban detrás de estas empresas y hacia dónde había ido a parar el dinero.
LOS FAMILIARES DE MALDONADO
Chas Sociedad Anónima y Unimerc están a nombre de la misma persona: Vilma Nohemí Flores Ortíz, que, según la partida 74-94 folio 3 libro 223 de Matrimonios Municipales, es esposa de Alfredo Escribá Morales.
Escribá Morales es el hermano del contratista del Estado y diputado, Armando Escribá Morales, quien, a su vez, es esposo de Julia Maldonado.
El seguimiento de los fondos por la fiscalía permitió identificar a Alfredo Escribá como el beneficiario final de Q170 mil 54, provenientes de los cheques de Conjuve, ya que los mismos fueron endosados a su nombre y depositados en sus cuentas bancarias.
Tras recibir ese dinero, Escribá Morales compró dos cheques de gerencia en el Banco G&T a nombre de una vendedora de autos, según documentó la misma entidad financiera al MP.
El dinero sirvió para pagar un recibo de caja de la empresa de venta de automóviles del 17 de julio de 2009, con el afán de comprar un Pick Up nuevo a nombre de Sandra Yojana Echeverría Mazariegos de Maldonado, madre de Julia Maldonado. El valor del automóvil era de Q235 mil 750, según los recibos que la compañía proveyó a los investigadores.
Fue así como la fiscalía estableció un vínculo entre los eventos ficticios y el posible desvío de dinero por parte de la entonces directora de Conjuve, Julia Maldonado, encuadrando sus acciones en el delito de peculado.
Sumado a esto, el MP la señala porque se encontraron facturaciones relacionadas con transacciones irregulares por un monto de Q919 mil 920 en virtud de pagos a proveedores, algunos de los cuales estaban en cese de actividades según la Superintendencia de Administración Tributaria, por lo que no podían seguir ofreciendo servicios (Ver recuadro: proveedores sospechosos).
Sin embargo, a la hora de emitir sentencia, el juez decidió dar mayor valor probatorio a los cuatro testigos de la defensa, quienes dijeron que asistieron a los eventos, aunque no pudieron explicar qué tipo de formación habían recibido y aseguraron que no habían encontrado a ninguna persona conocida que pudiera dar fe de su presencia en los mismos.
¿ESTÁ CERRADO EL CASO?
Ayer, la Fiscalía anunció a través de un comunicado de prensa que buscará revocar la sentencia absolutoria del juez Aceituno, a través de una apelación especial en la Corte de Apelaciones.
El MP confía en que las evidencias que respaldan la acusación son suficientes para comprobar la culpabilidad de Maldonado y lograr una sentencia de 10 años de prisión, con una multa de Q25 mil.
Proveedores sospechosos
La Dicri también informó sobre los siguientes hallazgos, según la acusación del MP.
– Distribuidora Chas y UNIMERC recibieron fondos que se comprobó fueron utilizados para comprar un pick up a nombre de la madre de Julia Maldonado.
– Suministros de Oficina y Computación. Los fondos del pago por la prestación de sus servicios fueron depositados posteriormente a Boris Alexander Hernández Pineda, subdirector ejecutivo de Conjuve.
– Comercial Flor Dan. Su propietario, Raúl Ponce Mendéz, manifestó no haber participado en los endosos de los cheques y aseguró que su empresa está en cese de actividades desde 2003. Exámenes grafotécnicos comprobaron que sus firmas fueron falsificadas.
– Distribuidora Comercial NAFE. Cesó actividades en 2003, según la Superintendencia de Administración Tributaria. Su propietaria aseguró que debido a que no había sido notificada por la SAT, continuó prestando servicios, por lo que el MP solicitó que se le certificara lo conducente.
LA RUTA DE LOS FONDOS PÚBLICOS
El dictamen del perito de la DICRI, Adrián Alejandro Bac Pauu, encontró los siguientes hallazgos:
– El 17 de junio CONJUVE emite dos cheques por Q53 mil 007 y Q46 mi 500 a nombre de Distribuidora Chas en concepto de “hospedaje y alimentación” en dos eventos formativos para jóvenes.
– El 9 de julio de 2009 Distribuidora Chas emite tres cheques a nombre de Alfredo Escribá Morales por un total de Q97 mil 554.
– El 16 de julio de 2009 Escribá cobra los depósitos y compra un cheque de gerencia en Banco G&T Continental a beneficio de una vendedora de vehículos.
– El 19 de junio CONJUVE paga Q72 mil 500 a Vilma Flores Ortiz, propietaria de UNIMERC, en concepto de “hospedaje y alimentación” en un evento formativo para jóvenes.
– El 15 de julio de 2009 la entidad UNIMERC depositó Q72 mil 500 a una cuenta de Alfredo Escribá Morales.
– El 16 de julio de 2009 Alfredo Escribá emitió un cheque por Q65 mil a beneficio de la vendedora del vehículo.
– Un recibo de caja de la vendedora del vehículo del 17 de julio de 2009 comprueba que Escribá utilizó los dos cheques de gerencia para la compra de un Pick up nuevo, a nombre de Sandra Yojana Echeverría Mazariegos de Maldonado, madre de Julia Maldonado. El valor del automóvil era de Q235 mil 750.
