Según las investigaciones de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC), el departamento de Guatemala no es el único afectado por las extorsiones, también existen otros como Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa y Quetzaltenango asediados por los grupos delincuenciales. El origen de este ilícito está en las cárceles guatemaltecas, donde persiste la corrupción y la falta de control.
POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
En el año 2015 la PNC conoció 108 denuncias en contra de un solo reo que está recluido en la cárcel de Cantel, en Quetzaltenango. El extorsionista con vínculos familiares en otros países del triángulo Norte de Centro América, logró agenciarse de fuerte sumas de dinero a través del temor que infunde en los guatemaltecos.
El sindicado utilizó las transferencias bancarias para que las personas afectadas por la extorsión depositaran el dinero fuera del país. El caso sigue en proceso de judicialización.
Los afectados de este reo son transportistas y familias de Quetzaltenango, sin embargo, este no es el único caso, otras personas residentes en áreas como Retalhuleu, Escuintla y Santa Rosa también son asediadas por privados de libertad recluidos en la Granja Penal Canadá en Escuintla, y en Puerto Barrios en Izabal.
Según el Ministerio Público (MP), hasta el 19 de febrero conoció 739 denuncias de extorsión y el año anterior fueron 5 mil 986.
URGE CONTROL Y CAMBIO
Eleonora Muralles, de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), lamentó la persistencia de descontrol en las cárceles, así como la falta de acciones por parte de las empresas telefónicas para anular completamente la señal de celular.
A criterio de Muralles, el uso de telefonía en las prisiones genera fuertes sumas de dinero, lo que podría incidir para que no se inhiba la señal de celular.
“Nuestra teoría es que las llamadas generan una cantidad de dinero importante y esta es una de las razones por las que las telefónicas no bloquean la señal de celular, lo otro es que de parte del Ministerio de Gobernación deben verificar las llamadas –que salen desde las cárceles-. Nosotros tenemos años de trabajar en esto, en la administración del exministro Mauricio López estuvimos trabajando en una mesa técnica, pero después se fue, ya no se vio nada y con la exministra Mendizábal se tuvo cero comunicación”, detalló Muralles.
De acuerdo con la entrevistada, es urgente que los actores involucrados en la prohibición del ingreso de teléfonos y en la implementación de soluciones técnicas para evitar la señal de celular trabajen urgentemente, pues de lo contrario la situación no mejorará.
“Hay varias cosas que no se han hecho, el Ministerio de Gobernación tiene la obligación de requerir a las telefónicas que pongan un bloqueo y ellos no deberían permitir el ingreso de los teléfonos a los penales; se requiere que las telefónicas anulen la señal de celular. Esto es de nunca acabar y sigue la gente sufriendo porque los amenazan con que los van a matar y por temor sigue pagando, así nunca van a terminar las extorsiones”, indicó Muralles.
El Mingob anunció hace algunos días que verificará los 21 centros carcelarios para determinar si funcionan las soluciones técnicas implementadas para evitar el tráfico de telecomunicaciones.
NO RESPONDE
La Hora buscó a Ricardo Sagastume, director del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones (Cetel), para conocer sobre la multa impuesta el año pasado por Q6.9 millones por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) por no implementar las soluciones técnicas para evitar el tráfico de telecomunicaciones en los centros de privación de libertad, pero no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.
En noviembre pasado, Sagastume argumentó que interpusieron un amparo provisional, que aún no estaba resuelto en aquella ocasión.
“La SIT debe seguir el debido proceso, debe haber una audiencia y la oportunidad de que las empresas expliquen lo que ha ocurrido porque cumplieron con su parte. En el proceso se evacuaron las audiencias, el amparo provisional está vigente y no se ha dictado la resolución definitiva”, explicó Sagastume.
