POR GRECIA ORTIZ
gortiz@lahora.com.gt
La cartera que debería encargarse de la prevención de la contaminación, conservación, protección y mejoramiento del ambiente para asegurar el uso racional, eficiente y sostenible de los recursos naturales no cuenta con la capacidad ni los controles adecuados para cumplir con sus obligaciones y eso deriva en un descontrol con consecuencias lamentables para la sociedad. Esto pasa una costosa factura para los guatemaltecos que padecen los efectos del descontrol, la corrupción y la impunidad en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El desvío de los ríos Madre Vieja y Achiguate, en Escuintla, que dejó en evidencia la conflictividad social provocada por la falta de control sobre los recursos hídricos, también puso de manifiesto el descontrol del MARN sobre los recursos naturales y su incapacidad para gestionar una crisis ambiental, a pesar de que el problema persiste desde hace unos 25 años.
En una entrevista con La Hora Departamental, Ernesto Moscoso, director de Cuencas y Programas Estratégicos del Departamento de Recursos Hídricos del MARN, reconoció que esa cartera solo posee una base de datos de los monitoreos realizados para determinar la calidad del agua, pero no se tiene un control de los caudales.
Al cuestionársele a Moscoso sobre el desvío de los ríos y los conflictos sociales por esa causa, se limitó a responder: “no tenemos información respecto a ríos desviados, porque no se hace ese tipo de monitoreos hasta el momento”.
Este caso ilustrativo, que ejemplifica la falta de control de las autoridades sobre los recursos naturales, a pesar de su importancia estratégica para el desarrollo humano y la economía, solo confirma las debilidades institucionales en materia ambiental, que tienen consecuencias terribles en la sociedad.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) realizó una supervisión a través de la Defensoría Socioambiental e identificó que los avances son mínimos; por ejemplo, aún no existe el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, tampoco han emitido las guías metodológicas para ciertos procesos previstos en la ley.
Además, aunque el último Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (GEI) se llevó a cabo en 2005, no han realizado la medición de estos gases, como preveía la ley, porque no cuentan con el equipo para hacerlo de la misma manera como no hay registros sobre el uso y manejo de los recursos hídricos.
De igual forma la ley establecía un plazo de dos años para realizar el Reglamento de emisión de gases del transporte tanto público como privado, sin que hasta la fecha se haya aprobado el mismo, a pesar de la importancia que tiene su promulgación.
Por otro lado, hasta octubre 2015, el Consejo Nacional de Cambio Climático solo se ha reunido dos veces desde su creación, en 2013; y el Fondo Nacional de Cambio Climático, que debería financiar planes, programas y proyectos para la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, no ha tenido asignación presupuestaria.
Otro aspecto fundamental es que, a pesar de que existen políticas y otras previsiones legales al respecto, hasta la fecha no existe una ley específica de aguas ni un ente rector para el tema.
Esto conlleva a que no se estipulen los derechos y obligaciones de la población en el uso y acceso al agua, la falta de información sobre los recursos hídricos, que no haya una protección concreta y efectiva sobre este recurso vital y limitado.
Estadísticas oficiales refieren que, en Guatemala, el 77 por ciento de los caudales de agua son utilizados para la agricultura, 16 por ciento para el consumo humano y el 7 por ciento restante utilizado por la industria y otros sectores.
En 2015 se reportó que apenas el 66 por ciento de los usuarios de agua para consumo humano, tuvo acceso a esta a través de un sistema de abastecimiento, siendo los departamentos de Alta Verapaz (37.98%), Petén (43.88%), Huehuetenango (46.01%), Santa Rosa (46.46%), Retalhuleu (61.58%) e Izabal (61.61%), aquellos con menor cobertura.
Al respecto, la PDH demandó al Estado priorizar la atención y protección del ambiente, recordando que cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el país está comprometido a cumplir para 2030, giran en torno a la protección de los recursos naturales.
RECURSOS LIMITADOS
Al 21 de diciembre pasado, el presupuesto vigente del MARN ascendía a Q 168 millones 213 mil 931, el tercero más bajo de los catorce ministerios; de este monto, solo se había ejecutado 80.21%.
Los programas con mayor asignación presupuestaria fueron el Sistema Integrado de Gestión Ambiental Nacional –que incluye servicios ambientales y acciones de adaptación al cambio climático– y Desarrollo Ambiental de Petén.
Los programas con menos asignación fueron Conservación y Protección de los Recursos Naturales y Responsabilidad Socioambiental y Participación Ciudadana; estos habían ejecutado 82.24% y 45.18%.109, respectivamente.
Para este año, el presupuesto asignado en la cartera se redujo y apenas se tiene en planes aportarle Q142 millones 502 mil 127.
Rafael Maldonado, encargado del área legal del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), opinó que la falta de apoyo político dificulta la gestión del MARN, pues ninguno de los últimos presidentes ha conferido un verdadero apoyo a los ministros encargados de la cartera.
“El Ministerio de Ambiente se convirtió en la cenicienta de las entidades del Organismo Ejecutivo; es de las que menos asignación presupuestaria tiene y por ende eso debilita su gestión”, explicó el activista, aunque también señaló la falta de capacidad de los titulares en el tema ambiental, que a su criterio “no tienen conocimiento” suficiente para cumplir con sus obligaciones.
LOS RESULTADOS
El activista ambiental del Colectivo Madre Selva, Julio González, señaló que el MARN carece de una evaluación estratégica y ambiental del país, que resulta ser el eje rector de toda la normativa ambiental, así como del ordenamiento de los recursos naturales.
“Aquí el eje rector debería ser el Ministerio de Ambiente, pero no lo hace, y el Estado de Guatemala desordenadamente ha puesto en manos de distintos ministerios el manejo de recursos vitales”, advirtió el ambientalista.
La falta de una ley de aguas, señala González, conlleva a que “cualquiera hace lo que mejor le parece”, porque el recurso se distribuye de manera errónea, lo que acarrea serios desafíos para el futuro. “A medida que no se protejan bosques y agua, la vida en Guatemala peligra”, apunta.
“Los Gobiernos van con una venda en los ojos buscando donde hay dinero, pero no logran establecer que todo el daño que se está haciendo ahora van a ser las repercusiones para el futuro”, indica.
Finalmente aseguró que ha revisado varios estudios que están mal elaborados, pues se debe evaluar la acumulación de impactos que se darán en el tiempo, y necesita contar con la opinión de las autoridades de salud de lo que destacó aún falta de protocolos para enfrentar enfermedades provocadas por minerías.
ESTUDIOS, DENUNCIAS Y MÁS, PERO SIN VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
De acuerdo con la PDH, durante 2015, el MARN reportó 48 incidentes por infracciones ambientales, que derivaron en 336 multas y 83 denuncias penales ante el Ministerio Público.
Asimismo, dentro de los casos denunciados en 2015, al menos 278 se encontraban bajo investigación, 46 pendientes de acto conclusivo, 28 fueron desestimados en tanto 10 se encontraban en procedimiento intermedio.
Según una solicitud de acceso a la información entregada el pasado 16 de febrero de 2012 a 2015, se han trabajado 31 mil 247 expedientes de estudios de impacto ambiental, de los cuales 22 mil 228 han sido aprobados, mientras el resto permanece bajo análisis, del total solo mil 495 aparecen como no aprobados, y 169 con el detalle de anulado.
Uno de los grandes temas de discusión versa sobre los análisis, inspecciones y seguimientos que se hacen de los estudios de impacto ambiental, si el mismo ministerio reconoce que no tiene personal para hacer verificaciones.
En materia de justicia, en 2014 ingresaron a los órganos jurisdiccionales del ramo penal de todo el país mil 531 casos, y hasta octubre 2015 ingresaron 759; el delito más recurrente en ambos años es usurpación agravada.
Paralelamente, en 2014 se dictaron 178 sentencias por delitos ambientales y hasta octubre 2015 se habían dictado 55, de las que 156 y 36, respectivamente, fueron condenatorias.
Estos datos revelan que todavía prevalecen pocas sentencias en relación a la cantidad de denuncias; aunque los casos sentenciados cada año no necesariamente se refieren a casos denunciados en el mismo período, llama la atención que, por ejemplo, en 2014 hubo menos de 12% de sentencias en relación con denuncias; y en 2015 representan menos del 8% en relación con la cantidad de denuncias.
En ese sentido también es importante identificar que el Código Procesal Penal contempla los Juzgados de Primera Instancia y Tribunales de Sentencia de Delitos contra el Ambiente, pero en realidad no existen ni juzgados ni tribunales con competencia exclusiva en materia ambiental, tramitándose estos en los Juzgados de Primera Instancia y Tribunales de Sentencia Penal, de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
Mientras Aura Marina López fiscal de la Unidad de Delitos Contra el Ambiente del MP, manifestó que sí reciben denuncias del MARN, pues tienen la obligación de poner en conocimiento al ente investigador sobre casos especiales y que “anteriormente era un poco lento”.
“La importancia que tiene ser ágil en este tipo de temas es que tiene que haber una unidad de monitoreo, que se encargaría de tomar las muestras, que son medios de prueba en un hecho delictivo”, aseguró.
CORRUPCIÓN
El MARN no se escapa de las sombras de la corrupción y por eso también existen serias repercusiones sobre los recursos naturales.
A criterio de Maldonado, de CALAS, es en la Dirección de Gestión Ambiental en donde opera la corrupción porque se desaparecen los estudios de impacto ambiental que jurídicamente no deberían ser aprobados.
CALAS mencionó que ha realizado varias denuncias, sin que prosperen en el Ministerio, lo que a su parecer es a causa del tráfico de influencias que opera en esa cartera. “Realmente es un tema grave porque está poniendo en riesgo los recursos naturales del país”, dijo.
El diputado Amílcar Pop, de la Comisión de Recursos de Ambiente del Congreso, expresó que el mandato del MARN es la protección de recursos naturales, pero la corrupción en esa institución impide que se cumpla con su mandato.
La debilidad de la institución también se sitúa en la falta de una ley de aguas, así como la falta de otras normativas.
“-Los estudios de impacto ambiental representan- un foco de corrupción; los mecanismos de control son escasos o nulos por lo tanto no se puede pensar en la efectividad de la institución”, aseguró.
Una serie de deficiencias en administraciones pasadas fueron señaladas por Magaly Arrecis del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), en cuanto a capacidad, falta de recursos para poder operar para cumplir con el mandato que tiene.
Hay personal que se debería de depurar afirmó, porque no han cumplido o ya sea porque se prestan a participar en actividades ilícitas “esto es grave” señaló sobre la desaparición de expedientes.
Sobre los estudios de impacto ambiental, destacó que este aspecto “deja mucho que desear”, porque es necesario un mecanismo más efectivo que permita controlar las obras que estén afectando a las personas y al ambiente.
La Hora Departamental intentó en varias ocasiones comunicarse con el ministro del MARN, Sidney Samuels y con el viceministro Ricardo Barrientos, sin embargo al cierre de edición de este reportaje no hubo una respuesta de la institución.
“Aquí el eje rector debería ser el Ministerio de Ambiente, pero no lo hace, y el Estado de Guatemala desordenadamente ha puesto en manos de distintos ministerios el manejo de recursos vitales”.
“Los Gobiernos van con una venda en los ojos buscando donde hay dinero, pero no logran establecer que todo el daño que se está haciendo ahora van a ser las repercusiones para el futuro”.
JULIO GONZÁLEZ COLECTIVO MADRE SELVA“-Los estudios de impacto ambiental representan- un foco de corrupción; los mecanismos de control son escasos o nulos por lo tanto no se puede pensar en la efectividad de la institución”.
AMÍLCAR POP –DIPUTADO–“Realmente es un tema grave porque está poniendo en riesgo los recursos naturales del país”.
RAFAEL MALDONADO –CALAS–
PRESUPUESTO MARN
Q 168 millones 213 mil 931 le fueron asignados en 2015.
Para 2016 se aprobaron Q142 millones 502 mil 127.
LO QUE MARTÍNEZ LE APAÑÓ A LOS BALDETTI
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) capturaron a 14 presuntos implicados en una trama de corrupción que involucra a particulares y exfuncionarios de la Vicepresidencia de la República y de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA).
AMSA contrató los servicios por Q137.8 millones sin licitar con la empresa de origen israelí M. Tarcic Engineering Ltd, para vertir 93 mil litros de un supuesto descontaminante aplicable en el lago de Amatitlán, pero la empresa no presentó los estudios de impacto ambiental requeridos, para verter los líquidos al lago de Amatitlán –que no demostraron ser efectivos.
Eso conllevó a que CALAS interpusiera en marzo de 2015 una querella penal contra Michelle Martínez, quien fungió como titular MARN y contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Rafael Maldonado, abogado de CALAS, explicó que ambas funcionarias pudieron incurrir en el delito de incumplimiento de deberes en forma continuada por omitir el estudio ambiental ordenado por la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
Mario Alejandro Baldetti Elías, hermano de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el empresario Hugo Rodolfo Roitman Braier se encuentran entre los detenidos, mientras que la exvicemandataria –detenida previamente– fue citada a un juzgado.
