POR: KATERIN CHUMIL
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Omar Franco, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Giovanni Marroquín, contador y auditor público, quienes son señalados como los líderes de una estructura de corrupción que benefició a la empresa Aceros de Guatemala, declararon ante el juzgado B de Mayor Riesgo, asegurando que son inocentes de los cargos imputados.
Franco, quien también está implicado en la estructura de defraudación aduanera La Línea, declaró ante el juez que no recibió ningún tipo de soborno por parte de Aceros de Guatemala y que no incidió en los informes tributarios de la misma.
Cuestionado sobre su relación con Marroquín, aseguró: “No sé si llamarlo amistad, porque más bien lo conozco por el trabajo que desempeñamos en la administración tributaria, y que, al igual que muchos profesionales, tanto en el ámbito del derecho y como en el ámbito de los contadores y auditores, cuando están cerca de la SAT preguntan si tenemos algún tiempo y nos pasan a saludar. Ese es el caso en particular con el licenciado Marroquín y otras personas que me pasaban a saludar”.
En tanto, Marroquín defendió a la empresa Aceros de Guatemala señalando que no es defraudadora del Estado y que el hecho de que él hubiera asesorado a la misma, no lo hace responsable de ofrecer dinero a funcionarios públicos. “Conozco su honorabilidad, al menos en el tiempo que estuve trabajando con ellos”, dijo.
ANTECEDENTES
Según explicó el Ministerio Público (MP) Marroquín Navas gestionó junto a varios funcionarios de la SAT la modificación de un informe de revisión sobre el cumplimiento de la contribución tributaria de Aceros de Guatemala, con el objetivo de absolverla en tres querellas penales en su contra.
En una de las llamadas presentadas en la audiencia indagatoria, se escucha al abogado Frank Trujillo discutiendo con Marroquín Navas el contenido del informe que había sido solicitado por un juez. Trujillo advierte al operador que si bien el informe exime a Aceros de Guatemala de toda responsabilidad, no señala de forma explícita si la empresa cumplió o no con sus obligaciones tributarias, lo que pondría en riesgo la desestimación del caso.
Estas preocupaciones quedaron plasmadas en un correo escrito por Trujillo a Rigoberto Chacaj Soc, otro supuesto operador de la estructura. Según el MP, en la manipulación del informe a favor de Aceros de Guatemala participaron 11 trabajadores de la SAT. La empresa era señalada de defraudar al estado por más de Q255 millones.
En el 2007, la SAT presentó tres querellas en contra de la organización comercial, las cuales fueron referidas al juzgado Séptimo de Primera Instancia, el cual las conexó. En dichas denuncias se establece que Aceros de Guatemala simula la venta de chatarra, sospecha que se confirma con el proceso investigativo del MP, que revela que las empresas a la que se vendía el material eran ficticias.
