POR GRECIA ORTÍZ
gortiz@lahora.com.gt
La titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) María Eugenia Villagrán, indicó en una entrevista para La Hora Departamental que solicitará un informe de los pactos colectivos de trabajadores correspondientes a 2015 y 2014 para analizar el impacto económico que tienen en las instituciones del Estado.
¿Qué elementos debería tener un pacto colectivo justo para el Gobierno y los trabajadores?
La Constitución establece derechos mínimos laborales para los trabajadores. De igual manera, los tratados y pactos que se han ratificado por Guatemala ante la Organización Internacional de Trabajo también protegen la libre sindicalización, la negociación colectiva. También el Código de trabajo regula todo lo que es el derecho a la sindicalización colectiva, es válido que los trabajadores planteen sus pliegos de posiciones a las autoridades nominadoras, para mejorar sus condiciones de trabajo que incluyan mejoras salariales y del ambiente laboral.
¿Entonces, qué aspectos son los que hacen falta en estas negociaciones?
La Procuraduría, con mucha preocupación, al analizar los pactos colectivos que ha tenido a la vista, ha observado que no se ha respetado la obligación de presentar ante la Dirección Técnica del Presupuesto los dictámenes de pactos, para que el Ministerio de Finanzas pueda dar la anuencia a las autoridades de que existen los recursos económicos suficientes para poder hacer frente al pago que solicitan estos nuevos derechos que se han adquirido en pactos colectivos.
¿Todas las instituciones deben contar con el aval de la Oficina Nacional del Servicio Civil?
No todas requieren este aspecto, dentro del Congreso no lo requieren, por ejemplo. Pero hay instituciones que sí requieren aval de la Oficina Nacional del Servicio Civil y los que hemos revisado tampoco han cumplido con ese dictamen.
¿En qué momento se convierten en dañinos los pactos colectivos?
Lo que pudimos observar es que algunos de los beneficios que se otorgaron son perjudiciales para los intereses del Estado y causan un fuerte impacto económico a las finanzas del Estado, dada a la crisis fiscal que está atravesando el Estado. Digamos en este momento la PGN ve inviable económicamente que el Estado pueda asumir el pago de todos estos beneficios. Por otro lado, nos preocupa tremendamente que en el sector público no haya una estandarización de salarios a nivel de Estado, vemos que en unas instituciones una secretaria gana más que en otras instituciones. Entonces, ahí se está violando el derecho de igualdad que está establecido para los trabajadores.
¿Es decir que debería de existir una regulación en los salarios?
La propia Constitución dice que a igual trabajo igual salario. Nosotros lo que estamos sugiriendo es que cuando venzan los pactos se dé una renegociación, dada la crisis que está atravesando el Estado y que en este momento tiene prioridades. El Estado no tiene recursos, como en el tema de la seguridad de la ciudadanía, o en el tema de la educación, principalmente de la educación infantil. Los funcionarios que negociaron estos pactos debilitaron sus presupuestos debido al alto costo de los pactos, ya no hay recursos para poder satisfacer necesidades.
¿Cuántos pactos han sido analizados por la PGN?
Nosotros ahorita ya analizamos 14 y hay 4 más en análisis.
¿Qué procede en la PGN cuando se localizan anomalías?
La función de la PGN es determinar si el proceso que se utilizó es conforme a la Ley, esa es nuestra función. Cuando determinamos que no se ha ajustado, entonces hacemos nuestras recomendaciones a la autoridad nominadora y solicitamos las instrucciones precisas para poder iniciar algún tipo de acción. Entonces nosotros ya cumplimos con mandar nuestros dictámenes y en este momento, de conformidad con la Ley Orgánica de la PGN, estamos a la espera de cuáles van a ser las instrucciones de las autoridades nominadoras o del Ejecutivo para proceder.
¿Qué opinión merece el Pacto Colectivo de Trabajadores del Congreso?
El problema del Congreso es precisamente que se detecta la violación al derecho de igualdad. Por ejemplo, el conserje del Congreso gana 30 mil quetzales, vaya a ver usted cuánto gana un conserje en las demás instituciones. Al menos en Procuraduría gana tres mil quetzales. Nosotros sugerimos que hay que revisar a los trabajadores del Estado para que todos ganen lo mismo por el trabajo que desempeñan.
Hay que hacer las reformas a la Ley del Servicio Civil, a la Ley de Salarios del Estado, a la propia Ley de Sindicalización, que determina cómo se integran las comisiones negociadoras, porque no hay presencia del Ministerio de Finanzas ni de la PGN, que es la representante legal del Estado y a quien le compete defender los intereses del Estado.
¿Cuál es la recomendación de la Procuraduría?
Nosotros recomendamos que se solicite una información del impacto que tienen todos los pactos que se suscribieron en el 2015 y en 2014, para que el Ministro de Finanzas y el Presidente tenga conocimiento de cuál es el impacto real que tienen todos esos pactos que se suscribieron. Tenemos que estar conscientes de que, si bien es cierto, es muy importante mejorar las condiciones laborales, el Estado también tiene necesidades.
“Nosotros recomendamos que se solicite una información del impacto que tienen todos los pactos que se suscribieron en 2015 y en 2014, para que el Ministro de Finanzas y el Presidente tenga conocimiento de cuál es el impacto real que tienen todos esos pactos que se suscribieron”.
“Nosotros ahorita ya analizamos 14 y hay 4 más en análisis”.
MARÍA EUGENIA VILLAGRÁN
