POR GRECIA ORTIZ
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El Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera, más conocido como Listado Geográfico de Obras (LGO), contempla los proyectos de infraestructura para el desarrollo que necesitan millones de guatemaltecos para hacer frente a sus necesidades primarias, pero quienes tienen la última palabra en la definición de las obras son los diputados, que no necesariamente conocen de políticas públicas y desarrollo humano, pero sí encuentran en los recursos públicos un botín para hacer negocios en conjunto con empresas privadas, alcaldes, gobernadores y consejos de desarrollo, entre otros.
La Ley delega al Congreso la aprobación de los presupuestos de las instituciones del Estado, incluyendo los recursos del LGO, que este año llega a los Q13.3 mil millones. Estos recursos deberían estar orientados para responder a las necesidades de la población en materia de desarrollo social, pero se convierten en un botín político.
Eso ocurre cuando la planificación de las obras, de la que participan los consejos de desarrollo comunitario, municipal y departamental, tras un proceso de sistematización con el respaldo del Ejecutivo, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), llega a manos de los diputados, quienes tienen la posibilidad de realizar cambios a su favor.
Son los legisladores quienes pueden modificar ese multimillonario listado de obras a su conveniencia, para beneficiar con la asignación de obras a su distrito y a los contratistas allegados, dejando de lado las verdaderas necesidades de la población.
El presidente de la Comisión Legislativa de Finanzas, el diputado Jairo Flores, reconoció en una entrevista para La Hora Departamental que es evidente la existencia de circunstancias «no muy claras» respecto al LGO, aunque no explica abiertamente el problema de lo que ocurre en el Congreso.
Sin embargo, Walter Figueroa, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señala que la propuesta técnica de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), que recoge los planteamientos de los consejos, en teoría se pierde cuando el Ejecutivo propone el listado de obras pero quienes disponen y aprueban los proyectos del LGO son los diputados.
«El Ejecutivo en teoría presenta un ejercicio técnico, pero cuando llega al Congreso de la República se hace un lío, porque ahí empiezan a operar los grupos de poder», comentó. No obstante, un congresista exintegrante de la comisión de finanzas del Congreso, mencionó que el primer foco de incidencia de los grupos de poder se da en el mismo Segeplan.
La idea de que las obras se gestionen a favor de la población es vital, de acuerdo con Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, pues los proyectos surgen a través de los consejos de desarrollo y deben atender las necesidades de la población.
La forma en cómo se desvirtúa el proceso, comentó Santos, surge en la medida que las obras son influenciadas por actores políticos, empezando por los diputados. «A partir de alianzas perversas intentan generar acuerdos que van en detrimento de los verdaderos intereses y necesidades de las localidades».
Santos opinó que el Congreso demerita la planificación de los proyectos y hace caso omiso de las necesidades de la población, a partir de las negociaciones de carácter «espurio», y añadió que los diputados aprueban el LGO «soslayando por completo el proceso que se viene dando desde las propias comunidades».
«En ese listado hay obras de agua y saneamiento hasta obras de infraestructura importantes; al final de cuentas deben ser los diputados, en su calidad de garantes de la transparencia y responsables de la fiscalización, quienes deberían de ser los más interesados en que esa ejecución real efectivamente se dé, apuntó.
EL PAPEL DE LOS ALCALDES
Si bien los analistas consultados coinciden en que los diputados pueden manejar con discreción buena parte de los miles de millones del LGO, también hay otros actores que interfieren en el proceso y afectan al desarrollo comunitario.
Realmente no es una función del diputado definir un LGO, pero también es importante clarificar qué sucede desde su origen, es decir, cuando se definen las obras en cada uno de los municipios, y el papel de los alcaldes y los consejos de desarrollo, señaló el diputado Flores.
Para el legislador lo correcto y viable seria que el Organismo Ejecutivo realice una priorización de las obras y coordine junto con Segeplan, la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, para que trabajen en un LGO priorizado.
Flores asevera que «no se vale» que alcaldes planteen propuestas como «parqueos subterráneos en parques centrales, cuando sabemos que después lo que hacen es concesionárselos ellos mismos o alguien cercano», y dejen fuera las obras prioritarias en materia de salud y educación.
Asimismo señaló que ningún tipo de manipulación en el LGO es buena y por eso promete que en la Comisión Legislativa de Finanzas se desarrollarán reuniones «abiertas», y no «oscuras ni secretas», destacando que opiniones similares han dado los antiguos miembros de la referida comisión.
El congresista afirmó que ahora no se buscarán disposiciones sobre las obras de carácter político sino técnico, y por eso necesitan soporte para tomar decisiones. «Creo que es necesario escuchar la posición de tanques de pensamiento, en donde se ve reflejada la posición de la ciudadanía. Es importante para nosotros», indicó.
Jorge Santos añade que la fiscalización es clave para determinar si detrás de las obras hay «una transa» o «una negociación espuria», que tiene que ver con el beneficio de empresas particulares vinculadas a los diputados distritales o partidos políticos a los que pertenecen», afirmó.
Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), considera que la razón de crear los consejos de desarrollo fue empoderar a las poblaciones y dotarlas de capacidad para definir los proyectos de infraestructura que puedan contribuir al desarrollo local.
«El funcionamiento en la práctica del sistema ha llevado a que se vaya pervirtiendo, de tal manera que los alcaldes crean sus propios consejos de desarrollo, que propician proyectos para su beneficio particular y plantean una negociación con los diputados», afirmó.
Castillo asevera que las planificaciones que realizan muchos comités van encaminadas al bien común, en cuanto a construcción de drenajes o sistemas de riego, o planes educativos, es decir proyectos de subsistencia, pero al final reciben otro tipo de infraestructura que está amarrada a constructoras vinculadas a diputados y alcaldes.
SEGEPLAN HASTA AHORA CONFORMA UNIDAD DE MONITOREO
Luis Catalán, subsecretario de Inversión Pública de Segeplan, indicó que esa institución hasta ahora empieza a conformar una unidad de monitoreo de proyectos, como parte del plan de seguimiento de obras, ya que hasta ahora solo se utiliza un sistema digital de seguimiento de obras.
«Por todas las limitaciones financieras no teníamos equipo para hacer eso; lo que sí tenemos en el sistema de inversión pública es el módulo de seguimiento de todas las instituciones que hacen inversión tienen la obligación de registrar», afirmó.
La falta de equipo para la verificación de campo ha impedido comprobar los señalamientos que han surgido en los últimos días sobre obras pagadas que no se ejecutaron, dijo Catalán. «Nosotros lo que tenemos es el sistema para que ellos reporten».
De momento mencionó que se inició con las contrataciones para el personal que realizará esa verificación a futuro, luego de la revisión de metodología necesaria, «la responsabilidad de la información que aparece en el sistema es de cada unidad ejecutora».
Respecto a la intervención de la política en los proyectos, mencionó que es importante que las obras surjan de planes de desarrollo, que son municipales, departamentales hasta llegar al plano nacional, por lo que debe prevalecer el análisis y priorización de los proyectos, y sobre los señalamientos del LGO, se limitó a indicar que Segeplan no ve la parte de ejecución.
Catalán mencionó que existen proyectos que se programaron en 2015, que se iniciaron pero no se finalizaron, y que representan un gran porcentaje por lo que de lo aprobado para este año «habrá que quitar algunos proyectos» para realizar reprogramaciones.
Para el proyecto de presupuesto de 2016, se presentaron 2 mil 553 proyectos a los que se les realizó algunos recortes en el Legislativo, «salieron afectados unos proyectos, que eran del Ministerio de Comunicaciones y del Ministerio de Salud».
DIPUTADA: QUE MP Y CICIG INVESTIGUEN
En tanto la diputada Nineth Montenegro, dijo que es un estimado de Q13 mil millones los que se invierten anualmente en el LGO, pero «lamentablemente ha sido muy politizado», porque se trabaja a través de las alcaldías y Consejos de Desarrollo y a través de instancias que tienen la facilidad de subcontratar compras por excepción. «Es evidente el interés clientelar de recibir alguna comisión para hacer la obra maltrecha» en donde prevalecen intereses personales, indica.
La diputada destacó que preocupan los casos en los que las obras no se ejecutan y se gastan los fondos. «Debe ser una prioridad, diría yo, para el Ministerio Público, y la propia CICIG, para investigar ¿qué es lo que pasa en el LGO?, porque ahí se pierden miles de millones de quetzales».
Montenegro afirma que así como se localizaron obras con un nulo avance en construcción podrían existir más en una situación similar.
La poca fiscalización de la Contraloría en este tipo de obras para la diputada también es relevante porque, deberían estar encaminadas al bien común de la población, «simplemente se ha utilizado para uso clientelar y en algunos casos para quedarse con la totalidad del dinero».
Las obras mal elaboradas, indicó que «matan», porque atentan contra de la calidad de vida de la ciudadanía y que como medida de transparencia esperan que las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones se utilicen bien y los casos de corrupción sean castigados.
EJECUCIÓN CERO
Recientemente se conoció que el Estado pagó el año pasado Q73 millones 107 mil 199 por 158 proyectos incluidos en el LGO y que presentaban un avance nulo es decir del cero por ciento aunque la deuda sí se pagó en su totalidad, contrario a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que establece que el pago de las obras no debe ser mayor al 20 por ciento.
Las obras señaladas están ubicadas en todo el país, no obstante San Marcos es el que reporta la mayoría, solo el año pasado se pagaron Q9 millones 462 mil 235 por 39 trabajos no realizados, posteriormente le sigue Jutiapa con 26 proyectos con un valor de Q6 millones 091 mil 114, Escuintla con 16 trabajos valorados en Q6 millones 486 mil 662, Baja Verapaz con 12 obras de Q17 millones 741 mil y Flores Petén con diez obras para un total de Q5 millones 632 mil 348.
Mientras en la Ciudad de Guatemala, la comuna capitalina pagó Q1 millón 539 mil 070 por cinco proyectos no ejecutados, entre ellos: la red de alumbrado en la zona 6, la construcción de la calle en zona 15, el mejoramiento del cementerio nacional y del Hospital de Salud Mental Federico Mora.
La Ley Orgánica del Presupuesto descrita en el artículo 238 de la Constitución Política de Guatemala, señala que debe regular los procesos de formulación y ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y que debe velar por el uso eficaz y eficiente del crédito público, coordinando programas de desembolso y utilización de recursos, de ahí que el LGO debe cumplir con estos aspectos.
