POR WALESKA HERNÁNDEZ
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Entre tropiezos y demoras, el juzgado A de Mayor Riesgo, dio inicio al primer juicio por esclavitud sexual y laboral en un contexto de guerra. Se trata del caso Sepur Zarco, en el que 15 mujeres y 5 hombres buscan justicia por los abusos sufridos en el destacamento militar Sepur Zarco, durante el conflicto armado interno.
El Ministerio Público (MP) sindica al teniente Steelmer Francisco Reyes Girón del delito de deberes contra la humanidad en su forma de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica. Además de tratamiento inhumano por las pequeñas Anita y Hermelinda Cuc Pop y por el asesinato de la madre de las menores, Dominga Cuc.
También acusa al excomisionado militar, Heriberto Valdéz Azij, por la desaparición forzada de siete campesinos q’eqchi’s el 25 de agosto de 1982, así como por el delito de deberes contra la humanidad en su forma de violencia sexual, por la violación de dos mujeres durante los operativos militares en los que participó durante 1982, entre Izabal y Alta Verapaz.
La primera audiencia del debate comenzó como suelen comenzar las diligencias relacionadas a procesos por violaciones a derechos humanos en el pasado: con acciones por parte de la defensa para suspender el proceso.
En esta ocasión, Moisés Galindo, abogado defensor de Reyes Girón, pidió suspender el inicio del juicio argumentando que hay amparos pendientes de resolver, los cuales determinarán si las juezas Jazmín Barrios y Patricia Bustamante deben continuar en el proceso, luego de declarar su “enemistad” con el abogado defensor.
El abogado solicitó que las juezas se retiraran del caso; sin embargo el tribunal le indicó que los jueces son independientes, y que debido a que una Sala de Apelación confirmó la competencia de las togadas para conocerlo, su requerimiento resultaba “frívolo e improcedente”.
A partir de dicha resolución, el juicio continuó con constantes interrupciones por parte del equipo de defensa de Reyes Girón, que se negó a dar alegatos iniciales.
Valdez Asij declaró ante el tribunal, indicando que nunca trabajó para el Ejército, sino que fungió como policía de la Municipalidad y que por ende, no comprende los hechos por los que se le acusa ni conoce a las personas que señaló el MP en su acusación.
Uno de los testigos relató cómo los soldados obligaron a los campesinos de la localidad a construir el destacamento, donde posteriormente serían esclavizadas sus esposas.
Tras la declaración de tres testigos, la audiencia del debate se aplazó para mañana, a las 8:30 horas.
Satisfacción con el sistema de justicia
El Embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd D. Robinson, considera que este proceso es importante para el país, siendo que es un juicio único en el hemisferio. Indicó que felicita a la sociedad guatemalteca y la justicia por enfrentar estos temas.
Sin embargo, no considera que su presencia ejerciera alguna presión sobre el sistema de justicia. “Es un foro abierto y cualquier guatemalteco puede asistir”, aseguró.
Por su parte, Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, lo ve como una “Fecha histórica para las mujeres en el país”, un avance en la justicia.
Pero lamentó las medidas dilatorias utilizadas por la defensa, que, a su criterio, no se enfocaron en demostrar la inocencia de los sindicados, sino a retrasar el proceso. Espera que las mismas no tengan efecto en el caso y que éste pueda continuar.
